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Violencia política contra las mujeres en razón de género: un distanciamiento en la función pública mexiquense

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Por: Edgar Zuriel Catarino Romero


Actualmente en el Estado de México la violencia política contra la mujer por razón de género representa una de las principales barreras para el ejercicio y participación de las mujeres en la actividad política través de las instituciones democráticas del Estado, que pone en evidencia una serie de prácticas que demuestran formas de hacer política patriarcal, misógina, violenta, sexista y excluyente.

¿Qué es la violencia política contra las mujeres?

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH 2018), la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

Entonces, como se muestra en el cuadro 1, podemos decir que, comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, así como el paradigma de los roles de género y estereotipos, social y culturalmente construidos que tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

Esta situación pone de relieve un camino lleno de obstáculos, donde las mujeres políticas enfrentan enormes retos para acceder a los espacios gubernamentales para la toma de decisiones y ejercer el poder público. Sin embargo, esto comienza desde que se intenta postular a las candidatas a cargos de elección en distritos perdedores, obligarlas a renunciar a la postulación, así como negarles recursos para sus campañas, ocultarles información, descalificar sus propuestas o agredirlas de forma verbal, sin embargo, diversas reformas electorales han estado encaminadas a evitar estas prácticas dentro de los partidos, lo que no quiere decir que se hayan erradicado por completo.

Cabe mencionar que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, teniendo en cuenta que se habla más de la violencia política, un flagelo que según ONU-Mujeres (2018), puede explicar el estancamiento de la participación política femenina en espacios de toma de decisión. “La violencia contra las mujeres en el ámbito político es la punta del iceberg de la discriminación y desigualdad que todavía sufren las mujeres que se atreven a disputar el poder político a los hombres, pero también con la ruptura de prohibiciones de los usos y costumbres indígenas”, señala el organismo de Naciones Unidas.

De manera que, la violencia política en razón de género constituye una problemática que exige promover que las instituciones electorales y otras instituciones públicas, incorporen el tema de la violencia y el acoso político contra las mujeres en el marco de sus funciones relacionadas con la organización de las elecciones, así como en el trabajo con los partidos políticos. (Figueroa Alanís, 2017)

“La violencia política por razón de género puede manifestarse a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o la vida; y a través de una o más formas de violencia” (OPPMEM 2019).

Paridad de Género, como un derecho fundamental

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN 2016), considera que la paridad es igualdad. Así de claro y contundente. La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública.

Teniendo en cuenta que, el principio de paridad fue incorporado a nuestra Constitucion en el año 2014, en su artículo 41, fracción I, párrafo segundo, la paridad de género como derecho fundamental. Dicho esto, entendemos que es importante reconocer la paridad de género como un principio elemental de las mujeres en la participación en igualdad de condiciones y oportunidades con los hombres, es decir, que ambos géneros tengan la posibilidad de ocupar el cargo e integrar los órganos de representación popular. Lo que incide en una manifestación de 50% mujeres y 50% hombres en las candidaturas y que poco a poco se ha visto reflejado en una integración más paritaria de los ayuntamientos y Cámaras Legislativas.

De esta forma, el Estado de México ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con la mayor cantidad de presidentas municipales mujeres con 39 de los 125 municipios por debajo de Veracruz con 54 de 212; Oaxaca con 54 de 153 y Puebla con 46 de 217. Destacó Mariana Uribe Bernal presidenta de la Comisión de Igualdad en la LX Legislatura Mexiquense.

Lo anterior aunado a la reciente la reforma constitucional en materia de paridad de género que obliga a dar los mismos espacios a mujeres y a hombres en los tres niveles de gobierno así como organismos autónomos, todo ello producto de la lucha de las mujeres para ganar terreno en el ámbito político y generar herramientas para la creación de políticas públicas que fomenten la participación de las mujeres en la toma de decisiones ya que es evidente que las leyes no cambian la mentalidad, por consiguiente, se debe tener un cambio cultural de la sociedad.

Un Estado de México pionero

En el año 2019 el Edomex se convirtió en la primera entidad en el país en  realizar y emitir un protocolo para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en razón de género, así lo aprobó el Observatorio de Participación Política de la Mujeres del Estado (OPPMEM).  Dicho documento tuvo la participación del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), el Instituto Electoral (IEEM) y la LX Legislatura, así como de instituciones de justicia y educativa.

Este documento puntualiza en los mecanismos correspondientes para proteger y potencializar los derechos político-electorales y garantizar su cumplimiento, por ejemplo:

  • Establecer acciones, que eviten daños menores a las víctimas y personas cercanas a a ellas.
  • Instaurar una adecuada coordinación entre las distintas instituciones responsables de atender, garantizar y hacer efectivos los derechos políticos de las mujeres.
  • Identificar los posibles actos de violencia política, ya que es muy importante para que las víctimas puedan identificarlos y saber cómo actuar.

Consideraciones finales

Está claro que en México, la violencia política contra las mujeres es un problema que el Estado tiene la obligación de atender, así como crear políticas públicas que generen conciencia social. Por ello, se necesitan  acciones que permitan un desarrollo integral de la mujer en la toma de decisiones, además de estrategias que erradiquen los estereotipos discriminadores y de violencia, que cuestionan el ejercicio femenino en la política. En el Estado de México, se están implementando las medidas necesarias para trabajar en contra la violencia de género, siendo así una de las primeras entidades del país en hacerlo y llevarlo como tema primordial a la agenda nacional.

Fuentes consultadas

Alfonzo Bonifaz, Leticia. (2016). El principio de paridad en las elecciones: aplicación, resultados y retos. SCJN (Derechos Humanos). Disponible en: https://bit.ly/3fhhaoC

Barrera V. Lourdes y Zamora Anaiz. (Eds). (2018). Violencia política a través de las tecnologías en México. México: Luchadoras. Disponible en: https://bit.ly/2L61lU6

CNDH México (2018). Violencia política contra las mujeres en razón de género. Disponible en: https://bit.ly/2zXAwio

Díaz Ordaz, Arturo. (2020). Paridad de género sustantiva, meta de las mujeres en la política mexicana. Forbes México. Disponible en: https://bit.ly/3bekgXv

Figueroa Alanís, María del Carmen.  (2017). Violencia Política contra las Mujeres. Respuesta del Estado ante la falta de una ley en México. Instituto de investigaciones jurídicas UNAM. Disponible en: https://bit.ly/2YCC1g9

Hidalgo, Claudia. (2020). Edomex aprueba protocolo contra violencia política de género Milenio. Disponible en: https://bit.ly/2KZZDU2

OPPMEM.  (2019).  Guía de atención en casos de violencia política contra las mujeres por razón de género en el Estado de México, atribuciones y procedimientos. Disponible en: https://bit.ly/2zfhgfQ

ONU Mujeres México (2018).  Participación política y liderazgo de las mujeres. Disponible en: https://bit.ly/3b5gNKr

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