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Una consulta popular de chocolate

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El pasado 28 de agosto se dio a conocer una solicitud de petición de consulta popular respecto al enjuiciamiento de los expresidentes de la República que hayan cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones, suscrita por legisladores de la fracción parlamentaria de MORENA. Dicha consulta fue secundada por el presidente López Obrador. Esta tiene por objetivo preguntarle al ciudadano lo siguiente: ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados  por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimientos judicial garantizando el debido procesos?

En principio, ¿qué es una consulta popular? Es un mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional. Dicho mecanismo se encuentra respaldado por la Ley Federal de Consulta Popular que a su vez es reglamentaria de la fracción VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo de orden público e interés social. La consulta popular puede ser solicitada por el Presidente de la República, por el equivalente al 33% de los integrantes de las Cámaras del Congreso o por un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

En pocas palabras, una consulta popular puede ser solicitada por el presidente, un parte del congreso o bien por iniciativa ciudadana con el fin de tratar temas de trascendencia nacional, que de acuerdo con el artículo 6to de la Ley Federal de Consulta Popular, se entiende  que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos tales como: I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y II. Que impacten en una parte significativa de la población.

Ahora bien, con relación a la consulta popular del juicio a expresidentes, la Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles el formato adecuado para recolección de firmas para realizar una consulta popular, dicho formato fue consultado con el Instituto Nacional Electoral (INE), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Consulta Popular, sin embargo, dicho formato corre contrarreloj, ya que deberá cumplir con el proceso necesario (obtener dos millones de firmas ciudadanas u obtener la aprobación de un tercio de la Cámara Federal), antes del 15 de septiembre.

Bajo esta premisa, fue López Obrador quien aseguro que, de no lograrse, será él mismo quien solicite la realización de la consulta popular y que además sea el mismo día de la elección federal.

Pero, ¿qué tan necesaria es esta consulta popular?, o más bien la pregunta sería ¿es necesaria una consulta popular para enjuiciar a los recientes exmandatarios por delitos de corrupción?, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la ley se aplica, no se necesita de una consulta popular para hacer justicia. Si el presidente López Obrador o la fracción parlamentaria de MORENA, o sus allegados o el Ministerio Público o la Suprema Corte de Justicia, etc., cuenta con pruebas que demuestren que los ex mandatarios han incurrido en actos de corrupción, simplemente se hace uso de los mecanismos que otorga nuestro propio sistema judicial, se levanta una denuncia y se inicia un proceso de investigación en contra de ellos, con todo el peso de la ley, cabe resaltar que, para el caso mexicano los ex presidentes no cuentan con fuero, por ello en su calidad de ciudadano, los mecanismos de justicia son los mismos.

Claro que en México nunca se ha enjuiciado a un expresidente, sin embargo, si AMLO partiera de la moral – de la que tanto habla- y de hacer pagar a la “mafia del poder” – que ha prometido desde hace años-  este juicio hubiera empezado ya hace rato, curiosamente su premura se alinea con el proceso electoral 2020-2021,  con las elecciones intermediarias que, o le darán posicionamiento a su partido y una mira al 2024 o reflejará el descontento social, entonces, ¿el costo de consulta popular valdrá la pena?, para rol mediático, por supuesto, y para MORENA también.

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