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¿Qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género?

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Para poder entender mejor la violencia política contra las mujeres es necesario mencionar que todo tipo o modalidad de violencia de género es una forma de discriminación que no permite disfrutar a las mujeres de sus derechos y libertades en el mismo plano de igualdad que a los hombres.

Dicha discriminación surge de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que se han convertido en estereotipos de género, es decir, las ideas generalizadas sobre lo que son y deben hacer las mujeres y lo que son y deben hacer los hombres, de acuerdo con sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales.

Los estereotipos son patrones rígidos, prejuicios impuestos por la sociedad, cuya transgresión tiende a ser sancionada socialmente. Dichos estereotipos pueden ser:

a) Por características físicas/biológicas.

b) Por la interacción sexual.

c) Por los roles sociales.

d) Por el entrecruzamiento con otras categorías o subgrupos.

Ahora bien definamos que es la violencia política contra las mujeres; Es cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.

La violencia política contra las mujeres incluye, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Por ejemplo, agresiones psicológicas con algún estereotipo como el sexo (hombres fuertes, mujeres débiles); sexuales (la sexualidad de la mujer vinculada con la procreación y la de los hombres con el poder); y de roles (los hombres son proveedores, las mujeres recolectoras). Esto de acuerdo a  Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, en su  artículo 3.

¿Quiénes pueden ser víctimas de violencia política?

En los casos de violencia política contra las mujeres con elementos de género, la víctima es la mujer de cualquier edad que sufra algún tipo de violencia por parte de terceros, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como privado. Pueden ser víctimas:

Directas: Aquellas personas físicas y colectivo de personas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de un hecho victimizante.

Indirectas: Familiares o aquellas personas físicas dependientes de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Potenciales: Personas físicas cuya integridad física o derechos peligren, o bien colectivos de personas cuyos derechos pueden verse afectados o estar en riesgo, por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos humanos o la comisión de un delito.

¿Quiénes pueden ser los agresores?

De acuerdo con la Ley de Acceso, agresor es toda aquella persona que inflija algún tipo de violencia contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades.

La legislación procesal electoral identifica a los siguientes sujetos de responsabilidad:

Partidos políticos;Agrupaciones políticas;Quien aspire a las candidaturas sin partido;Precandidatas y los precandidatos;Candidatas y candidatos sin partido a cargos de elección popular;Personas físicas y jurídicas;Observadoras y observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales;Quien ejerza la titularidad de las Notarías Públicas;Organizaciones ciudadanas que pretendan formar un partido político;Funcionarias y funcionarios electorales;Personas servidoras públicas;Ministras y ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, yLos demás sujetos obligados en los términos del Código.

¿Qué hacer frente a un caso de violencia política?

En abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma sobre violencia política de género que comprende a diversas leyes en México, y que esta teniendo un  impacto significativo en la vida político-electoral del país, particularmente en los procesos electorales por venir. El tema lamentablemente no tuvo  difusión en los medios de comunicación.

La denuncia  pone al tanto a la autoridad sobre un ilícito y la obliga a movilizarse, primero para constatar que el delito exista y  para determinar responsabilidades. En el país no existía un marco legal  que se ocupara de la violencia política de género y, por ello diversas autoridades implementaron un protocolo para atender esa problemática, y los tribunales electorales crearon diversos criterios jurisprudenciales en la materia, , en el ámbito penal, hasta el año pasado no había un solo asunto sobre violencia política en el que se hubiera resuelto a favor de la víctima.

Dicha reforma impacta en cinco leyes generales y tres orgánicas, y fundamentalmente se ocupa de definir legalmente qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género, qué conductas deben considerarse como tal, las autoridades competentes para conocer de estos casos, así como las consecuencias legales de esas conductas. En principio, de acuerdo con la reforma, la violencia política contra las mujeres se configura con tres elementos fundamentales:

1. Acciones u omisiones de cualquier tipo;

2. Basadas en elementos de género en ámbitos públicos o privados,

3. Con el objeto o resultado de limitar, menoscabar o anular el ejercicio de derechos políticos electorales, el pleno ejercicio de un cargo, labor o actividad o bien el acceso y ejercicio de prerrogativas cuando se trate de precandidaturas, candidaturas o funciones y cargos públicos del mismo tipo.

Esas  omisiones pueden ser generadas por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatos, candidatos, medios de comunicación o particulares.

La violencia política contra las mujeres se convierte en un delito electoral que se actualiza concretamente con alguna de las catorce conductas previstas por la norma, como por ejemplo, ejercer violencia contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o publicar o divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública y que menoscabe el ejercicio de sus derechos.

Ello es relevante porque en diversas entidades se contempla en la legislación local el delito de violencia política contra la mujer, sin que exista un concepto homogéneo de la misma. En la reforma recientemente aprobada se contemplan penas que van de uno a seis años de prisión y 50 a 300 días de multa, además de que éstas pueden ser incrementada en un tercio, cuando esas acciones sean realizadas por servidores públicos, funcionarios partidistas, aspirantes a candidatos independientes, precandidatos o candidatas, o bien, incrementadas en una mitad, cuando se cometan en contra de una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, esto de acuerdo al  Artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

En el ámbito administrativo-electoral, la reforma faculta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales en las entidades federativas para iniciar procedimientos sancionadores en contra de quienes cometan actos u omisiones constitutivas de violencia política en contra de las mujeres, así como dictar las medidas cautelares correspondientes.

Se establecen medidas de reparación integral, tales como la indemnización a la víctima, la restitución en el cargo en caso de que hubiera sido obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública y medidas de no repetición; esto contemplado en el Artículo 463 ter de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

¿Cuáles son las instituciones competentes para brindar atención y a qué están obligadas?

En México, varias instancias, organismos y autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos son las encargadas de garantizar y hacer respetar el acceso y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

La efectiva protección de los derechos político-electorales de las mujeres se encuentra estrechamente relacionada con la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia en su contra y por razón de género, así como con la disminución de las causas estructurales que las generan.

En el ámbito Federal:

En el ámbito local:

Como se puede apreciar, todavía existe bastante camino por recorrer en materia de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Nuestro país se encuentra  como uno de los países con más violencia contra las mujeres a nivel mundial. Esta problemática no sólo se limita a los feminicidios, la violencia en el hogar, el acoso laboral o el abuso sexual, sino que también existe la violencia política contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

 No ha sido tarea fácil perseguir y sancionar los hechos que podrían constituir violencia política y, especialmente, la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero esta  nueva reforma promtete resolver algunos de los problemas que se habían detectado en el marco legal, pero deja abiertos otros temas que tendrán que ser definidos por los operadores jurídicos.

Por ejemplo, ¿qué autoridad es competente para investigar y sancionar violencia política por razones de género en sede legislativa?, ¿puede constituir un uso o costumbre un delito electoral?, Por mencionar solamente algunos de los temas más visibles por venir; el tiempo será la mejor prueba  para probar la efectividad de la reforma.

Referencias bibliográficas:

1. Fiscalía General de la República. (2018). Guía Ciudadana para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género (70 pp). Ciudad de México: Trazo Binario.

2.-Instituto Nacional Electoral. (2017). Guía para medios de comunicación y partidos políticos [recurso electrónico] (p. 41). Ciudad de México. Disponible en: https://iguald9ad.ine.mx/wp-content/uploads/2018/01/guia-medios_10.pdf.

3.-. Instituto Electoral de la Ciudad de México. (2018). Guía para la Atención de Violencia Política por Razones de Género y Derechos Humanos de la Ciudad de México (p. 94). Ciudad de México: Litografía y Empaques Solís S.A. de C.V.

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