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La reforma energética de la 4T

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El día 2 de marzo de este año el Senado de la República aprobó la reforma energética enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que —entre otros puntos— busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el argumento de evitar la subida de costos en el servicio de luz. Pero una reforma a un sector tan importante como lo es el de las energías del país requiere un análisis más detallado de lo que ésta significa y lo que su aplicación conllevará.

La idea de esta reforma se vino planteando desde la toma del poder del actual presidente y del partido Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, con el discurso de acabar con las políticas neoliberales implementadas por las administraciones pasadas (principalmente  del expresidente Peña Nieto) la principal línea de acción de las reformas y propuestas de la 4T.

Fue el pasado 29 de enero que el presidente tabasqueño envió a la Cámara de Diputados la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; el 19 de febrero, la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados aprobó la reforma energética del presidente para pasarla al Pleno (acto que fue denunciado por otros legisladores por la premura y rapidez con que fue aprobada por dicha comisión, considerando la importancia de la reforma). Posteriormente, el 24 de febrero los Diputados la aprobaron, por lo que fue turnada a la Cámara alta.

Con esta reforma se pretende dar prioridad, en primer lugar, a la distribución y consumo de la energía generada por las hidroeléctricas de la CFE en la alimentación del sistema eléctrico nacional; en segundo, a lo generado en las plantas de otros tipos de la CFE (como los combustibles fósiles); y en tercer lugar, a la energía eólica y solar generada por privados. Esto sin importar los costos de producción de cada una.

Incluye también la reducción de los subsidios de la CFE a particulares, principalmente en infraestructura, ya que para el recorrido y almacenamiento de energía generada por la industria privada eólica y solar, es la CFE la encargada de brindar la infraestructura para que ésta llegue a su destino final. Este mismo punto fue debatido el año pasado cuando a finales de abril el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) ya había suspendido las pruebas de plantas eólicas y solares, a petición de la Secretaría de Energía (Sener), para fortalecer y dar seguridad al suministro eléctrico, pero tras numerosos amparos terminó cediendo las pruebas a 23 centrales de este tipo.

Posteriormente, el 15 de mayo la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” que frena a inversiones en energías limpias o renovables, asumiendo el control total de Sistema Eléctrico Nacional. El argumento de Rocío Nahle, titular de la Sener, era que con esta medida se buscaba dotar de confiabilidad al sistema eléctrico nacional, al que se suman estas energías y regular a las empresas que habían generado un mercado alterno, limitando nuevas centrales de generación de energía renovable, proyectos de construcción en lugares que la Sener considere inadecuados, y limitando los permisos para nuevas plantas solares y eólicas.

Al final, prácticamente todas las empresas de la Iniciativa Privada (IP) impugnaron esta medida y lograron ampararse. Pero este precedente deja en claro que el gobierno actual buscaba desde entonces tener un control mucho mayor sobre las energías generadas por la IP.

Con los cambios propuestos a la ley, el gobierno tendrá la capacidad y autoridad de revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos con productores privados, para que éstos se encuentren sujetos a los criterios de planeación emitidos por la Secretaría de Energía.

Otro cambio que se suma a la iniciativa aprobada es que, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se podrán revocar los permisos de autoabastecimiento, ya que, en palabras del Director General de la CFE, Manuel Bartlett, muchas de las empresas que cuentan con este permiso, generan una mayor cantidad de energía de la que consumen y venden esta sobreproducción, creando un “mercado paralelo de electricidad”, del cual no se tiene regulación.

La IP no ha hecho esperar sus críticas a esta reforma, ya que ven en ella un riesgo no sólo para que nuevos capitales inviertan en la generación de energía limpia, sino que las empresas ya establecidas dejen de ver en el país un campo atractivo y retiren sus plantas. Y no sólo podría afectar a las empresas del sector energético, de igual forma, ante la creciente tendencia de la industria automotriz por los autos eléctricos, las plantas que generen estos autos deberán al mismo tiempo ser autosuficientes energéticamente con energías verdes y dado que el esquema planteado por la reforma y las fuentes utilizadas por la CFE no están encaminadas a tener como principal fuente este tipo de energías, los corporativos y empresas podrían buscar otros países que sí estén alineados a estos objetivos ambientales, dejando a México fuera como opción.

También se ha denunciado, tanto por servidores públicos como por empresarios, que esta reforma podría abrir las puertas a actos de corrupción millonarios, pues con la reforma, la CFE ya no está obligada a comprar, por medio de subastas, la electricidad a privados, quienes por lo general ofrecen los precios más bajos al provenir de fuentes renovables, y con ello puede optar por a quien la Comisión considere la mejor opción, incluso comprársela a ella misma.

Al eliminar este mecanismo de subastas el mercado energético tendrá mucho menos regulación, y al ser la CFE la distribuidora de electricidad del país, lo representa contratos multimillonarios.

El conflicto no sólo afecta a la IP de las energías renovables, sino que llega hasta los acuerdos internacionales, económicos y ambientales en los que es participe el país.

Un factor a considerar es la reciente relación establecida con el acuerdo comercial del T-MEC, misma que tiene puntos que determinan que debe existir un nivel de competencia justo entre las empresas de los tres países en cualquier sector, incluyendo el energético, que compitan contra las empresas estatales, para evitar monopolios, algo que claramente no garantiza dicha reforma, y más cuando se busca revisar los permisos de los contratos de producción de la IP con la CFE bajo el criterio de si le son o no favorables a la empresa productiva del Estado. Al igual que los acuerdos internacionales en los que participa México donde se prioriza el uso de energías limpias.

La evidente preferencia de la 4T por las energías fósiles con la construcción de la refinería Dos Bocas parece buscar ahora un respaldo para el uso de ésta mediante la CFE, y así garantizar el éxito de los proyectos de la actual administración, aun cuando los costos de producción de energía con estas fuentes no sólo contaminan, sino que es mucho más caro, lo que contradice el argumento de que esta reforma mantendrá los costos de luz de la Comisión Federal de Electricidad.

Ciertamente es necesario que se ajusten las medidas establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica para que el sector energético sea más competitivo, no sólo para las empresas privadas, sino que también incentiven a la Comisión Federal de Electricidad a mejorar sus plantas e innovarse, dejando atrás a las plantas que trabajan con fuentes fósiles. Un sector energético más regulado y que busque nuevas fuentes verdes sí podrá garantizar un costo de producción mucho más bajo y, por lo tanto, electricidad más barata y más aún, reducir y hasta eliminar los subsidios.

Otro de los problemas que presenta la reforma es que no establece que se vaya a mejorar la red eléctrica del país, por lo que no se puede garantizar que aún dando prioridad a la energía generada por CFE tenga la cobertura que se necesita.

Desmantelar la anterior reforma energética y fortalecer el monopolio de la CFE no son en definitiva la mejor opción para el sector energético del país, sólo queda esperar que las impugnaciones que presenten tanto legisladores de oposición como representantes de la Iniciativa Privada logren hacer notar los puntos desfavorables para el medio ambiente que esta reforma representa.

Fuentes consultadas:

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