La Guardia Nacional: mutación para salvaguardar la seguridad pública en México; una explicación desde la biopolítica.


Por: Oscar Martínez Vallejo

La inseguridad en México ha sido resultado de una guerra contra el crimen organizado distribuido en todo el territorio mexicano; una característica de esta guerra es que, por un lado, el crimen organizado (representado por cárteles) lucha contra el gobierno (policías municipales, estatales, federales, Marina y Ejército) y, al mismo tiempo, los cárteles luchan contra sus semejantes buscando obtener el control de plazas y rutas cuyo fin es el tráfico ilegal de narcóticos, control de territorios, plazas y rutas que permitan el paso, siembra y tratamiento (instalaciones que permitan procesar estupefacientes) de narcóticos, cuyo principal mercado es Estados Unidos. Esta situación vuelve compleja la guerra contra el narcotráfico. La guerra contra el crimen se inició en el sexenio del presidente Calderón (2006), pasando por el sexenio del presidente Peña (2012-2018), siendo 2017 el año más violento, registrando más de 29,000 muertos; la guerra lleva 13 años y hasta hoy no parece tener una fecha de término.

Otro elemento más que agregar a esta complejidad radica en los actores que engrosan las filas de las instituciones del Estado dedicadas a preservar y salvaguardar la seguridad pública, nacional y el estado de derecho (policías municipales, estatales, el Ejército y la Marina) y los actores que forman parte de los cárteles. Ambos bandos pertenecen a una misma sociedad, compartiendo un mismo lenguaje y cultura; estos elementos son importantes a resaltar porque permite entender que la estrategia para enfrentar al crimen organizado no es sencilla para su elaboración y ejecución. Porque para el Estado, tratar de matizar y construir una imagen del enemigo o agente que perturba la paz es difícil, porque comparten una misma sociedad y el enemigo no es ajeno.

Los cárteles han mutado su estrategia que puede entenderse desde tres puntos: a) comprando protección de actores específicos de instituciones clave del gobierno (gobernadores, presidentes municipales, directores de policía, etc.); b) por otro lado, los cárteles del crimen organizado han adoptado un modus operandi basado en células, lo cual permite una mayor dispersión en campo y al eliminar, capturar o desmantelar algún cártel aparecen dos más; c)  las actividades ilícitas que un cártel puede desempeñar para la guerra no se limitan sólo al tráfico de narcóticos, también se dedican (en mayor o menor escala) al secuestro, extorsión, venta de armas, trata de blancas y lavado de dinero, cometiendo delitos no solo del fuero federal sino también del local; es decir, los cárteles han mutado para preservar su existencia.

El punto clave para entender el problema de esta guerra reside en la estrategia principal de los gobiernos mexicanos para combatir al crimen organizado, sacar al Ejército y a la Marina de sus cuarteles. La razón principal por la cual se desplegó fue que las policías (municipales y estatales) se encuentran imposibilitadas para reaccionar y repeler agresiones de los cárteles que los superan principalmente en armamento. Es decir, las policías no se encontraban capacitadas; en cambio, el Ejército logra establecer un equilibrio táctico, armamentístico y operacional en campo, pero los elementos que engrosan las filas del Ejército y Marina se no se encuentran capacitados para desarrollar labores policiacas. En 2012 la Secretaría de la Defensa Nacional reportó un despliegue total de 75 bases de operaciones mixtas en el país, en estas bases se instalaron soldados que cooperan en conjunto con policías municipales y estatales en tareas de seguridad pública. En 2016 se reportaron 142 bases instaladas, es decir, hubo un aumento del 100% de bases, pero esto no significó una diminución en el número de muertos ni se alcanzó a vislumbrar un fin de la guerra.

Para entender el cambio de estrategia del gobierno en la guerra contra el crimen organizado es necesario entender la génesis del Estado explicado desde la biopolítica.  La hegemonía del Estado tiene relación directa con la legitimación; pero la legitimación no tiene como punto de referencia al Estado; sino a diversos factores como: la comunidad política, el régimen y gobierno; así la hegemonía del gobierno se ejerce para mantener unidos a los elementos del Estado (territorio, leyes, sociedad, economía, instituciones, régimen, etc.). El estado moderno es una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación, a este fin, han reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con jerarquías (Weber, 1979).  Esposito (2006) explica que la biopolítica tiene, por un lado, la misión de reconocer los riesgos orgánicos que amenazan al cuerpo político y, por el otro, la de individualizar y preparar los mecanismos de defensa para hacerles frente.

El poder del discurso permite establecer la legalidad y legitimidad que el Estado necesita para acceder al cuerpo del sujeto, evidentemente quien determina el discurso es quien tiene el poder, el cual se refleja en la política, economía e ideología, pues este discurso es el que configura un paradigma social. El lenguaje es un elemento esencial de todo estado para establecer lo que se puede y no hacer, lo que se debe y no hacer, las leyes lo legitiman, esto es lo que llamamos un “orden del discurso”. La biopolítica está determinada por el orden del discurso y las leyes, ya que éstas tienen repercusión directa para determinar el paradigma del gobierno, construye una forma de pensar y actuar (Foucault, 1997). 

La seguridad nacional se ubica en la corriente realista, desarrollada por Thomas Hobbes y Carl Schmidt. Un principio del realismo político señala que los estados se encuentran en una lucha constante por el poder, donde la política exterior tiene la finalidad inmediata de mantener, aumentar o demostrar el poder de uno frente otro; además, que la lucha por el poder implica también la lucha por la supervivencia, por lo que la diplomacia, la defensa militar y las alianzas buscan garantizar el poder y la supervivencia del Estado frente a las amenazas del exterior y lo mismo sucede al interior (Buzan 2010). 

Partiendo del supuesto de que el Estado es una organización al servicio de las necesidades sociales, las mutaciones de éste serían entonces mecanismos de supervivencia histórica, por tanto, la renovación institucional se orienta a la preservación del régimen como una necesidad que está en un punto tangencial entre las necesidades sociales y la preservación del gobierno. Su importancia radica en la defensa de la soberanía y la protección de la estructura del Estado. Esta explicación establece un enfoque analítico sobre las funciones de la seguridad nacional y la construcción de una agenda de seguridad nacional, la cual es una materialización de la bio-política y el bio-poder (Rivero 2000).

 La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, recién iniciado su mandato en diciembre de 2018, puede entenderse como una respuesta inmediata ante la necesidad de combatir al crimen organizado, pero está lejos de una propuesta para terminar con esta guerra, la Guardia Nacional se define como: Nación 3,2,1 (2017) “una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en esta constitución y en las leyes”.

Esta definición, más allá del concepto de una institución de seguridad, se puede interpretar como aceptar que la adaptación de sobrevivencia del crimen organizado ha rebasado la lógica institucional del gobierno el cual ha respondido con una nueva institución que tiene por objetivos seguir combatiendo al crimen organizado, pero con una nueva faceta, un nuevo marco jurídico ajustado e instalaciones, buscando reaccionar de manera inmediata en zonas de conflicto para “apoyar a gobiernos locales”; la importancia de la Guardia Nacional reside en su personal que, de acuerdo con el dictamen, se entiende como un concepto híbrido, que toma la disciplina militar para que en lo interno este cuerpo no sea susceptible a la corrupción, y en lo externo,, darle la capacitación policial de proximidad y entrenamiento en derechos humanos para que responda con cercanía y brinde confianza a la ciudadanía, como apunta el investigador Madrazo, Alejandro (2018) del CIDE, quien menciona que “por más que subrayen policía antes de policía militar, son militares, por más que digan que hay un mando civil porque el Presidente es el comandante supremo, el mando operativo es militar, estará dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, el entrenamiento será militar, el equipamiento será militar, la disciplina será militar y cambiarle los nombres no cambia al entrenamiento”.

El dictamen señala que la Guardia Nacional es una institución hibrida con organización y disciplina militares, pero que estará bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública de carácter civil. En cuanto a la investigación de los delitos en el dictamen se puede entrever que los delitos del fuero federal y del fuero común corresponden al Ministerio Público, a las policías municipales y estatales y a la Guardia Nacional; pero hace falta que el Congreso de la Unión discuta las leyes reglamentarias y orgánicas para poner en marcha a la Guardia Nacional.

La estrategia de crear una Guardia Nacional para combatir al crimen organizado es una respuesta del gobierno ante la crisis de violencia e inseguridad, pero está lejos de que sea una propuesta que busque pacificar o acabar con la guerra. Es una estrategia encaminada a combatir y establecer un esquema jurídico de acción para los nuevos elementos que buscan preservar el estado de derecho y la seguridad pública en México.

Para terminar con la guerra no es necesario combatir a los cárteles, es necesario prevenir los delitos (tanto de fuero común como federal) y establecer mecanismos a instituciones para frenar la corrupción. La Guardia Nacional es solo un paso más para avanzar al combate contra el crimen organizado.

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Bibliografía

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