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La controversia alrededor del toque de queda

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Ninfa Angélica Páez Bernabé

La emergencia sanitaria por el Covid-19 nos ha obligado a todos a tomar ciertas acciones que permitan disminuir el riesgo de contagio del virus. Acciones en las que participan los distintos ámbitos gubernamentales (desde locales hasta el federal), las grandes, medianas y pequeñas empresas, y de manera general, los ciudadanos de México.

Algunas de medidas que se han tomado son: la suspensión de labores presenciales en algunos sectores; el Quédate en casa (que invita a únicamente salir de sus hogares para realizar actividades fundamentales) o Susana Distancia (mantener una distancia de al menos 1.5 metros entre personas en lugares concurridos), el uso de cubrebocas en espacios públicos, el lavado constante de manos, entre otros.

Sin embargo, existe una acción que se está tomando desde los gobiernos estatales y municipales que ha sido objeto de gran controversia: el toque de queda, el cual se refiere a restringir de manera obligatoria el libre tránsito de la población, a través de retenes automovilísticos, detenciones policiales y aplicación de multas a quien interrumpa el confinamiento en casa y no demuestre que es parte de una actividad esencial.

El gobierno federal y algunos gobiernos estatales, han rechazado la imposición de un toque de queda en el país, pues existen diversas razones por las que estos ámbitos lo consideran como una acción no viable: la delicada situación económica de algunas personas con trabajos informales, la falta de personal policiaco para realizar estas detenciones así como de espacios para concentrar a los detenidos, pero existe un motivo que se destaca como principal: la violación del derecho humano al libre tránsito.

El día 28 de abril de 2020, la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, lanzó un comunicado de prensa[NP1]  en el que “hace un llamado a las autoridades estatales y municipales para que no apliquen medidas que restrinjan derechos de las personas durante el periodo de la pandemia a causa del virus SARS-CoV2” (SEGOB, 2020: primer párrafo), pues esta emergencia sanitaria no implica el establecimiento de un estado de excepción ni suspensión de garantías, el cual constitucionalmente, solo puede ser establecido por el Presidente de la República y bajo la aprobación del Congreso de la Unión (o de la Comisión Permanente), lo cual no ha sucedido.

Sin embargo, esto da pie al dilema, pues existen personas que no han detenido sus actividades no esenciales, algunas sus fiestas, otros sus labores para llevar el alimento a la mesa. Entonces, ¿obligar a la población a mantenerse en casa por el bien de todos o respetar el derecho humano al libre tránsito?


 [NP1]Vínculo a https://www.gob.mx/segob/prensa/exhorta-gobernacion-a-autoridades-estatales-y-municipales-a-no-aplicar-medidas-restrictivas-de-los-derechos-de-las-personas-por-covid-19

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