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El gobierno dice sí, pero los municipios no quieren reanudar actividades

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El pasado lunes 18 de mayo comenzaron las actividades en los denominados Municipios de la Esperanza; se trata de 324 municipios en 14 estados del país, que tiene una baja o nula transmisión del coronavirus. Estos municipios que fueron seleccionados para volver a la Nueva Normalidad tendrán muy pocas restricciones para realizar sus actividades cotidianas.

Pero la realidad que viven cada uno de ellos es distinta a la que vislumbran las autoridades federales. La gran mayoría de ellos son municipios rurales o semirurales, que precisamente por estas características han mantenido un bajo registro de casos de contagio de COVID-19. Solo analizando en qué estados se encuentran estos municipios podemos confirmarlo; Oaxaca es el que tiene el mayor número, con 213, Guerrero, Sonora y Veracruz suman 40.

Los municipios de estos estados muy probablemente no cuenten con unidades médicas con la capacidad de atender un brote de coronavirus, ni con el personal capacitado, mucho menos con los recursos de seguridad obligatorios que todo el sector salud debe tener en estos momentos. Si el número de casos en estos ayuntamientos comenzara a crecer es muy probable que los contagiados y sus familias tendrían que desplazarse a otros municipios con mayor infraestructura para ser atendidos.

El mismo 18 de mayo 12 de los Municipios de la Esperanza ubicados en Guerrero decidieron no reanudar sus actividades y continuar resguardados, entre ellos se encuentra Cochoapa el Grande, que es el segundo municipio más pobre de México; el 83% de su población vive en pobreza extrema. Otro ejemplo es Malinaltepec, donde sólo hay 20 médicos para atender a 29.6 mil habitantes. En Oaxaca muchos municipios procuran mantener poca actividad, restringiendo tianguis, mercados y otros puestos, donde la gente se congrega por cientos.

La gran mayoría de estos municipios tiene los Índices de Desarrollo Humano más bajos de entre los 2,467 municipios que califica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en promedio tienen 4.3 años de escolaridad, así como poca infraestructura para transportarse, y un nivel de ingresos que raya en la pobreza extrema en muchos de ellos.

La decisión de reanudar las actividades en estos municipios, en especial los más pobres, no solo atenta contra su salud, pues incrementa el riesgo de contagio al realizar sus actividades bajo esta nueva normalidad, donde muchos de ellos salen a ganarse la vida día a día y las zonas donde lo hacen no suelen ser dentro de sus municipios por las carencias económicas y pocas oportunidades laborales que hay, teniendo que transportarse a otros municipios más desarrollados o urbanizados donde los números de contagios pueden ser más altos.

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