¿De qué se ríen?


Por: José Gabriel Condorcanqui

Cuando Felipe Calderón declaró la guerra a la delincuencia organizada utilizando al Ejército y a la Armada, se abrió la puerta para que estas dependencias se involucraran en acciones policíacas, no tan sólo por la incapacidad logística y material de los cuerpos de seguridad estatales y municipales, sino porque, durante décadas, fueron penetrados, comprados y sobornados por los distintos cárteles de la droga.

A ello debería agregarse, por ejemplo, la “compra” por parte de Amado Carrillo, del denominado “zar antidrogas”, Gutiérrez  Rebollo, Jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, designado en 1996 y detenido un año después. O bien, cuando en el famoso “juicio del siglo”, instaurado en contra del “Chapo” Guzmán, testigos protegidos, mencionan sobornos entregados a ex presidentes de la República y personajes responsables de la seguridad nacional, como el ex-Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, o Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública con Calderón.

En este contexto, una parte del problema consistiría en que el deterioro y la incapacidad de las instancias civiles en materia de seguridad, dio pauta a la actuación de las fuerzas militares, cuya orientación y fin último es el uso de la fuerza letal de la que están investidos, para preservar la soberanía y la integridad del territorio nacional. Tuvieron que salir de los cuarteles para establecer retenes y patrullar calles como si fueran policías preventivos.

Careciendo de un protocolo de actuación, trascendieron a la opinión pública acontecimientos como Tlataya o la muerte de jóvenes universitarios del Tec de Monterrey. Sin omitir detenciones arbitrarias y desapariciones que se le imputaron al Ejército y la Marina. Derivado de ello, las fuerzas políticas en la oposición, incluyendo en su momento al ahora “amado líder”, López Obrador, fustigaron la militarización del país y exigieron el regreso inmediato de las fuerzas armadas a sus cuarteles.

Ya en la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador retomó la creación e institucionalización de la llamada Guardia Nacional, esta denominación proviene (como muchas de las simplificaciones históricas del Presidente) del concepto decimonónico en donde cuerpos militares dependían de los gobernadores, siendo un contrapeso a la intervención del gobierno federal y, en algunos casos, el respaldo a rebeliones como la de Porfirio Díaz en contra de Juárez o la de Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta.

De lo que impugnó como opositor, puede afirmarse: López Obrador propuso, con matices, la militarización del país: el origen MILITAR en la integración de este nuevo cuerpo de seguridad y la permanencia, cuando menos durante su periodo de gobierno, de los soldados en las calles para “serenar al país”.

Destacan del dictamen los siguientes aspectos:

  1. Los elementos de la Guardia Nacional se sujetarán el fuero civil;
  2. Toda persona que sea detenida será puesta a disposición de la autoridad civil, evitando ser llevada a una instalación militar;
  3. Establecer un sistema de seguridad pública que, de suyo, ya existía en la famosa PLATAFORMA MÉXICO;
  4. Se tendrá que emitir la legislación secundaria en relación a la Ley Orgánica de la Guardia Nacional y Leyes únicas de uso de fuerza y registro de detenciones.
  5. Obliga a los ejecutivos estatales a presentar un diagnóstico y un programa de fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

El Presidente tendrá la atribución de designar al mando superior y el equivalente al Estado Mayor de la Guardia Nacional.

Cómo sucede en el devenir histórico del país, todos los problemas económicos, sociales y políticos, en materia penal y de seguridad, se buscan resolver emitiendo leyes, v.gr. para acabar con el “huachicoleo” hay que incrementar las sanciones penales y considerarlo como delito grave. Como diría el Virrey Lacroix  “obedézcase, pero no se cumpla”. El problema no radica en la forma o la perfección -si cabe el término- de una legislación, sino la certeza y la seguridad en su cumplimiento.

La precaria oposición al “amado líder” en el Congreso Federal se envuelve en la enseña patria y con los morenos se sienten salvadores de la patria.  Cuando López Obrador decretó el fin de la “Guerra del Narco”, todos preguntaron: ¿Quién ganó?: porque el “ejecutómetro” habla de 100 días de gobierno de AMLO con 820 muertos o más; porque el líder “huachicolero” de Santa Rosa de Lima en Hidalgo, el multifacético “MARRO”, sube a redes sociales las ejecuciones de personas, poniendo de manifiesto la cantidad y la calidad de las armas y lo más preocupante, el apoyo de las comunidades que lo cobijan, que se benefician de esa actividad ilícita y por ende, lo protegen.

Las fosas clandestinas continúan abriéndose cotidianamente a lo ancho y a lo largo del país. Las condiciones económicas serán adversas al finalizar el año, un ejemplo, ante los problemas laborales en las maquiladoras en el norte, muchas se han retirado dejando a miles desempleados, en este caso, si a un jefe de familia le ofrecen mil pesos para traficar droga, ¿qué opciones tiene?.

Por otra parte, la CNTE se adueña de la educación en el país y recibe los beneficios de haberse aliado con AMLO, paralizan las vías férreas en Michoacán generando miles de millones de pesos y los inversionistas nacionales y extranjeros dudan en trabajar en México.  El turismo que junto con el petróleo y las remesas de los paisanos radicados en USA constituyen los principales ingresos del país, es publicitado mediante un panfleto político de MORENA y su líder.

Todo ello repercutirá en el entorno de la seguridad nacional y la viabilidad  del desarrollo político y democrático del país.

Cuando los legisladores se toman la fotografía después de aprobar la Guardia Nacional, se dicen salvadores de la patria y cantan el himno nacional, sonríen, parece que no entienden, el espectador pregunta: ¿de qué se ríen?

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