Sección cultural

Gabriel Figueroa

1

Tengo algunos defectos que como trajes justos van bien a tus virtudes, tengo un baúl aquí dentro de un fuerte abrazo, para esconder tus miedos, tus penas, tus angustias y un poco de café para charlar contigo, el corazón no importa ese no lo tocamos, ese que esté tranquilo para qué complicarnos, sigamos siendo libres sin atar nuestras almas, viviendo plenamente. Pero te pido algo, termínate el café y guarda los recuerdos, los besos, los momentos, las historias, ah y no te vayas lejos para que el frío y el olvido no aparezcan aquí. Somos solo fragmentos de almas que han tocado de una forma u otra nuestros sentimientos, nuestras vidas, nuestros corazones, haciéndonos privilegiados por muy fugaz que sea el instante vivido.

2

Dejemos la parafernalia del momento para después, ese “luego” que no conozca el miedo y el alma grite libre que todo puede ser, que el café no se enfrió, que el abrazo se dio, que el corazón vive y esas promesas llenas de todo lo que encierran se pudieron cumplir, porque así todo existe, porque todo es verdad, porque todo está aquí, pero mientras no hay más, dejemos esto quieto, dejemos sentimientos, dejemos los recuerdos, todo para después.

3

Ayúdame a tocar, a descifrar lo más profundo de tu alma, como si la vida nos diera el último aliento, así, sin merecerlo, no puedo discernir entre el bien y el mal, de todo lo soñado, de todo el universo, por eso no pretendas que yo, ciego por el amor que te profeso, descubra los caudales que brotan de tu cuerpo, ya que no puedo y tal vez muera en el intento, por eso te suplico ayúdame a tocar el cielo.

4

La noche cumple con lo pactado y nos muestra los sentimientos como asesinos al acecho, esperando un descuido del corazón para hacerlo preso de sus deseos y, sin aliento, sin voluntad, sucumbe ante el incierto destino, que le depara tal vez fortuna, tal vez la vida, tal vez la muerte, pero ¿qué importa? Si ya la noche cumplió su pacto y nuevamente está latiendo, está viviendo y está sufriendo el corazón, porque de pronto y sin aviso, sin explicarlo, por un descuido por un hermoso y cruel descuido, nace la vida, nace la suerte, nace el amor.

Reseña: ¿Oprimidas o empoderadas? Dónde están las mexicanas del siglo XXI

Juan Carlos Muciño González

El libro: “¿Oprimidas o Empoderadas? Dónde están las mexicanas del siglo XXI”, es una publicación editada por Fundación Banorte, Gatopardo y Travesías Media, el cual tiene el objetivo de mostrar la realidad cotidiana de las mujeres mexicanas desde un punto de vista económico.

La obra se compone de una investigación con datos duros sobre la situación de las mujeres en México, en donde, por ejemplo, de los 120 millones de habitantes que se registraron en el país en 2014, 51.2% eran mujeres y 48.8% son hombres. Asimismo, se indica que 7 de cada 10 trabajadoras son el sustento de su casa, a pesar de que ellas ganan entre 13 y 20% menos que los hombres por el mismo tipo de trabajo realizado.


El texto también incluye temas como educación, salarios, búsqueda de oportunidades profesionales, el modelo económico actual, trabajo en el hogar y maternidad, cuya discusión incluye también los avances que ha tenido la mujer en el ámbito socioeconómico y los aspectos que deben de tomarse en cuenta para lograr una verdadera equidad de género en el país.

Algunos de los apuntes más relevantes señalan que “el mundo no está listo para mujeres emprendedoras, pero ellas están listas para el mundo”, por ejemplo, en uno de sus capítulos, Ana Cecilia Escobar Nieto destaca el trabajo de empoderamiento y el impulso de programas y herramientas diseñadas para las mujeres emprendedoras y ejecutivas, ante un escenario que muestra que sólo 2% de las mujeres mexicanas económicamente activas son emprendedoras y donde de cada 100 empresarios en México, sólo 16 son mujeres, esto según cifras de la OCDE.

Sin embargo, este interesante texto plantea que el panorama podría mejorar, pues según el Índice 2015 creado por la Organización Global Woman Entrepreneur Leaders, que analiza  a 31 países, México se coloca en el lugar 13 en cuanto a mejores prácticas para homologar las oportunidades de mujeres y hombres en sus emprendimientos.

El libro señala que, de crecer al mismo ritmo que los hombres, las empresas lideradas por mujeres crearán 8.7 millones de empleos en los próximos dos años, pero aún hay mucho trabajo en cuanto a Brecha de Género, pues según el Foro Económico Mundial, México está apenas en el lugar 71 de 142 y en el 126 en participación y oportunidades económicas, lo que demuestra la existencia de un déficit bastante preocupante.

Al respecto, Emilienne de León, autora del prólogo del libro, plantea que “en México hacen falta políticas públicas que impulsen el empoderamiento de la mujer en el sector económico, pues no hay una política pública integral que permita a las mujeres empezar de lo pequeño e ir creciendo y eso no nos va a sacar adelante ni va a sacar adelante al país”.

El libro también señala que en cuestión de derechos laborales, las mujeres mexicanas siguen ganando mucho menos que los hombres por desempeñar el mismo trabajo, pero también preocupa que la brecha salarial llega a ser hasta de 40 por ciento en puestos de alta dirección.

Como conclusión, Galia García Palafox, editora del libro dice: “Escribimos este libro para que quien lo lea se moleste, se emocione y quiera conspirar por el cambio, porque, cuando se trata de equidad de género, necesitamos muchos cómplices para enderezar el rumbo”.

Por cierto, esta obra recibió el Premio CANIEM al Arte Editorial 2016 en la categoría Libros de Interés General.

Lectura recomendada para entender mejor el panorama de la mujer mexicana y su inserción en el modelo económico y en el mercado laboral.

¿Por qué sí votamos y por qué no votamos?

Juan Carlos Muciño González

Una de las grandes preocupaciones o interrogantes planteadas en torno de los procesos electorales es ¿por qué sí votan o por qué no votan los ciudadanos?

Diversas son las teorías desarrolladas para tratar de explicar las razones del voto, una de ellas, la de Anthony Downs, en la década de los 70 planteaba que la decisión de votar es una función de tres parámetros: 1) La probabilidad de que tu voto determine el resultado; 2) El diferencial partidista, es decir, la utilidad que un votante recibe del éxito de su opción política preferida sobre la no preferida, y 3) Los costos asociados al voto, o sea, el cálculo que el ciudadano realiza para determinar si es más razonable votar o no votar.

Otros teóricos como Riker y Ordershook, a finales de los años 60 señalaban que debido al tamaño del electorado, la probabilidad de influir en el resultado de una elección es casi nula y, por tanto, la utilidad instrumental de votar por la opción preferida sería casi nula. En suma, lo más racional sería no votar.

A este cálculo, los autores agregaron la variable del deber cívico, en donde la racionalidad del voto no depende de los resultados de la elección, es decir, de quien resulte vencedor o perdedor, sino de los costos y satisfacciones que trae consigo el acto de votar y en donde, a final de cuentas, termina siendo más importante la variable del deber cívico como valor democrático.

Las teorías del voto, en general, analizan los costos-beneficios que trae consigo el voto, por ello señalan que votar puede resultar costoso por lo que implica el simple acto de salir a la casilla a sufragar, por todo lo que conlleva acceder a información relacionada con los candidatos, por lo que implica invertir tiempo para informarse y evaluar las propuestas de los candidatos y sus partidos políticos, y por todos los costos institucionales que se generan para garantizar las condiciones del sufragio de la ciudadanía.

Por otro lado, señalan que los beneficios del voto pueden estar relacionados con el acceso a recursos materiales en dinero o en especie, a beneficios sociales que trae consigo el esfuerzo colectivo y el estatus que implica el hecho de asistir a las urnas a sufragar, o bien, los beneficios deliberados vinculados con la satisfacción personal de apoyar una posición ideológica o simplemente cumplir con un deber cívico.

Para otros autores como Brady, Verba y Schlozman, las variables relacionadas con el acto de votar y no votar son el grado de escolaridad de la ciudadanía, sus recursos y nivel de ingreso y, finalmente, su grado de interés político en las elecciones.

Estos autores plantean que participamos basados en un análisis de costos-beneficios, cuando el beneficio supera el costo de ir a votar y también cuando el electorado es movilizado estratégicamente por los políticos, basados también en teóricos como Rosenstone y Hazen.

En suma, lo que podría estar definiendo o determinando el voto de los electores son las propuestas sustentadas en las políticas públicas, en las características personales de los candidatos, en los atributos del partido político y en la situación económica del votante.

Otros factores que los especialistas consideran que se toman en cuenta para definir el voto son: la identidad social, el desempeño del gobernante, los temas de las políticas públicas, las características o imagen de los candidatos y la identificación partidista.

Desde cualquier perspectiva o teoría, a final de cuentas todas la variables importan, pues el votante las mezcla, sin embargo, la identificación partidista ha demostrado ser uno de los factores de decisión más influyentes entre el electorado.

Otras teorías que por ahora sólo mencionaré y que en otra entrega podríamos abordar son la Teoría Sociológica del voto desarrollada en la escuela de Columbia en los años 50 por autores como Berelson, Lazarsfeld y McPhee; la Teoría Psicológica de la escuela de Michigan encabezada por Campbell, Converse y Stokes en los años 60; la Teoría de la Elección Racional de Rochester y Downs; la del Voto Retrospectivo de Fiorina y V. O. Key en 1955 y la del Voto Prospectivo de Gerber y Green en los años 90.

Algunas más como la denominada Teoría del Voto de Bolsillo (pocket book); la del Voto Sociotrópico, el Voto Sincero; Voto Estratégico y Voto Dividido son otros esfuerzos de investigación que han tratado de explicar la decisión de votar o no votar.

Por ahora, esta es una brevísima aproximación teórica que nos puede apoyar a comprender mejor sólo algunos de los factores y razones que motivan al electorado a votar o a no hacerlo.

Apuntes para reflexionar la ciudadanía en una democracia

Martha Elisa Nateras González

Introducción

Hoy en día, la actuación de la ciudadanía es una de las condiciones para una democracia saludable y funcional, no obstante la construcción de la primera siempre ha sido diferenciada, debido a los procesos políticos, sociales, económicos y culturales propios de cada país; pero una democracia no necesariamente requiere para su funcionamiento de un estado acabado de ciudadanía[1], lo que sí requiere es  de una ciudadanía activa que participe en aras de fortalecerla.

Sin embargo, los tipos y formas de ciudadanía que podemos observar a lo largo de América Latina parecieran ser producto del trato diferenciado que ha caracterizado a los regímenes de esta región y que ha terminado por excluir a ciertas categorías de ciudadanos de los derechos políticos, civiles, económicos y sociales básicos.

Algunas voces consideran que las democracias actuales no son capaces de satisfacer las demandas y necesidades de una sociedad cada vez más compleja que demanda nuevos canales de participación y enfatiza las limitaciones que las vías convencionales muestran a la hora de transmitir las demandas e intereses de los diferentes grupos sociales. Si a lo anterior le sumamos el incremento de la desconfianza social en las instituciones políticas, podemos ver con claridad que los actuales modelos de ciudadanía se encuentran en crisis.

Entre las respuestas a los crecientes desafíos que enfrentan las democracias en esta era global se deben proponer nuevas formas de articular el funcionamiento de la ciudadanía, centrando la atención en la calidad multidimensional de ella, lo que, a su vez, permitirá determinar los mecanismos que coadyuven en su construcción, fortaleciendo así su papel como instrumento para superar los problemas de las sociedades democráticas y dar un nuevo impulso a la vida cívica.

El objetivo de este texto es reflexionar en torno de la construcción de la ciudadanía en el marco del discurso de la democracia.

La ciudadanía en la democracia

El concepto de ciudadanía se relaciona fuertemente con la construcción de la democracia, puesto que se basa en el supuesto de una igualdad básica entre los ciudadanos, por tanto, la condición de ciudadanía conlleva intrínsecamente dos elementos, la autonomía y la dependencia, ya que el ciudadano no es un ente aislado sino parte de la comunidad política. Si se considera que la democracia es más que un sistema de gobierno, basado en la participación de los ciudadanos en los asuntos de interés colectivo,es una forma de convivencia que se expresa en las prácticas individuales y colectivas que las personas despliegan en la vida pública y privada, por tanto, la ciudadanía tendría que ser un tema fundamental en el debate contemporáneo sobre la democratización de las sociedades.

El problema es que hoy en día la ciudadanía en muchos países se encuentra en una situación compleja, esto ha generado una serie de discusiones que se centran fundamentalmente en dos aspectos: en el derecho de ciudadanía y en la consolidación de la democracia.

La exclusión de los derechos políticos y sociales básicos a ciertas categorías de ciudadanos, las crecientes desigualdades y el incremento de la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones políticas son síntoma de graves problemas en los modelos contemporáneos de ciudadanía. Asimismo, existe una fuerte carga valorativa por pensar que la teoría de la ciudadanía es el único fundamento de la democracia, debido a que ésta se sustenta en buena medida en el comportamiento de la ciudadanía.

Para algunas voces las democracias actuales no son capaces de satisfacer las demandas y necesidades de una sociedad cada vez más compleja, pues los canales convencionales de participación muestran sus limitaciones a la hora de transmitir las demandas e intereses de los diferentes grupos sociales. Estas cuestiones son las que están en la base de la extendida preocupación por lo que se ha dado en llamar la calidad de la vida democrática.

Como respuesta a esto, el discurso democrático, en su afán por extender la democracia a diversos ámbitos de la vida social, ha encontrado en la idea de ciudadanía una de las nociones centrales de toda su argumentación. De hecho, en 2004, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe sobre la democracia en América Latina, retoma por primera vez a la ciudadanía como soporte del deber político y del orden social.

Considerando estos dos elementos, es decir, lo que muestra la realidad y lo que plantea el discurso ideológico, las sociedades democráticas tienen dos retos fundamentales: el primero, es superar las limitaciones del modelo liberal individualista, y el segundo es rescatar una de las ideas centrales del modelo  marshalliano[2], que tiene que ver con el disfrute de los derechos sociales como prerrequisito para el verdadero ejercicio de los derechos civiles y sobre todo políticos.

Según el paradigma marshalliano con la ciudadanía social se asegura mayor igualdad de oportunidades y con ello se consolida la democracia a través de la participación en los poderes. Pero esto es sólo un supuesto en dos sentidos: primero, porque no está probado del todo que esté tipo de ciudadanía garantice la igualdad, ya que tiene que ver con cuestiones estructurales. Segundo, porque su existencia no garantiza necesariamente la participación ciudadana.

De hecho, mucho se ha discutido en torno al funcionamiento de la ciudadanía social, pues tiende a romper con el equilibrio entre derechos y obligaciones, ya que se inclina más por los derechos sociales de los ciudadanos en menoscabo de los deberes, provocando la construcción de un ciudadano pasivo, cuya preocupación principal es reclamar sus derechos al Estado como único responsable de su desarrollo. Esto en realidad va en contra de la visión republicana. El problema se acrecienta cuando las nuevas generaciones interiorizan ese tipo de ciudadanía y generan cierto grado de dependencia hacia el Estado o sus instituciones y se empiezan a desdibujar  los incentivos para la participación en los asuntos colectivos, creando clientelas en lugar de ciudadanos.

Siguiendo con la discusión en torno al tipo de ciudadanía que produce cada modelo teórico, según O’Donnell (2004) en la democracia moderna, la libertad individual garantiza la práctica de la ciudadanía ejercida en la esfera pública, donde los individuos pueden actuar colectivamente e involucrarse en deliberaciones comunes sobre todos los asuntos que afectan a la comunidad política.

Para O’Donnell (2004) las democracias consolidadas cuentan con una ciudadanía de doble faz: una potencialmente activa y participativa que emerge de los derechos que le otorga el régimen democrático, y otra  adscriptiva y pasiva, adquirida por el hecho de pertenecer a una nación determinada. No obstante, esta naturaleza combinada de la ciudadanía no la portan todos los ciudadanos, pues la historia de la ciudadanía contemporánea es el resultado de una serie de confrontaciones, disputas e intercambios entre las élites y diversos actores sociales, quienes han tenido que negociar sus espacios de poder e influencia. Por tanto, el carácter de los derechos ciudadanos en cada régimen depende de los mecanismos empleados para su obtención, es decir, si han sido el logro de las luchas sociales o devienen de concesiones de la clase gobernante.

Por ejemplo, O’Donnell piensa que América Latina se ha caracterizado por negar a muchos ciudadanos sus derechos, así como por otorgar privilegios y exención de obligaciones a otros[3]. Este trato desproporcionado, muchas veces va acompañado de violencia por parte de la autoridad y la negación de servicios fundamentales como educación, salud y justicia a un sector importante de la población. Esta actuación por parte  del Estado niega de facto el derecho de ciudadanía. En estos casos, como señala O’Donnell, es necesario ver si es posible avanzar hacia distintos niveles de ciudadanía civil y social. Para esto es necesario extender homogéneamente la legalidad estatal, para que abarque no sólo el conjunto del territorio sino también a todas las categorías sociales. Se trata de implantar un estado democrático de derecho que enaltezca efectivamente los derechos de la ciudadanía.

En muchas sociedades modernas se asume a la democracia como una forma política aceptada, reconocida y legitimada. Sin embargo, hay evidencias de que ésta no es parte de la manera de ser y de vivir de las personas, ello hace necesario que se realicen esfuerzos para que las personas vinculen a la democracia con su vida cotidiana. Son muchos los ciudadanos que siendo parte de sociedades llamadas democráticas, en sus prácticas niegan este principio y se resisten a reconocer los derechos de otros ciudadanos, puesto que sus acciones los llevan a negar a los que piensan y actúan de manera diferente.

Pero las limitaciones de la democracia no sólo se circunscriben a lo anterior, para Barry Hindess (2002) los gobiernos de los Estados contemporáneos tienen importantes restricciones estructurales o sistémicas respecto al rol de los ciudadanos, a pesar de que parezcan internamente lo suficientemente democráticos. Esto se debe en gran medida a que las instituciones de un gobierno representativo son diseñadas para garantizar que la función de los ciudadanos se ciña a  legitimar las prácticas del Estado y sus instituciones, siendo ésta la forma más efectiva de asegurar que la población apoye las reformas políticas y económicas que sus gobiernos requieren implementar. Por tanto, la participación en la toma de decisiones es más bien acotada.

Participación y democracia

La participación como elemento fundamental del sentido de pertenencia y del ejercicio ciudadano constituye una dimensión clave de la inclusión de los ciudadanos en la sociedad. Es decir, la participación entendida como un dispositivo clave para que los ciudadanos puedan expresarse o reaccionar ante situaciones como la exclusión y la desigualdad social. En un sentido básico, la participación se expresa cuando los ciudadanos contribuyen activamente en procesos y actividades o participan en el ejercicio del poder.

La participación se expresa, de manera elemental, cuando los ciudadanos contribuyen activamente en sus contextos, desarrollando procesos y actividades con capacidad para intervenir e incidir en las decisiones o, por los menos, influir en ellas y que éstas tengan repercusiones en sus vidas. De esta forma, la participación deja de ser un concepto unívoco, ahistórico y desvinculado de otras dimensiones. Es así que en el análisis de la participación de los ciudadanos en un contexto democrático se deben considerar una serie de elementos, a saber: el sistema político, la disposición a la inclusión, la forma de canalizar la propuesta de iniciativas, los mecanismos de consulta y de transmisión de información, las formas de institucionalización y legitimación de la participación, la resolución de las distancias generacionales y las formas de asociatividad (Nateras y Tinoco, 2015).

La participación es un insumo necesario para el ejercicio ciudadano, sin embargo esta relación no es automática, pues para entender el significado de la ciudadanía es importante tener claridad en tres principios fundamentales. Primero, entender que el concepto de ciudadanía está en constante movimiento por ser dinámico, relacional y contextual; segundo, lo definen las prácticas sociales de los diferentes actores, y tercero, tiene un carácter complejo y multidimensional porque está compuesto por una serie de elementos cuya interrelación define su dinámica social.

Como respuesta a los grandes desafíos que enfrentan las democracias —consolidadas o en proceso de consolidación— ha surgido un discurso que considera como tarea prioritaria la promoción de la ciudadanía activa, debido, por un lado, a la necesidad de complementar el discurso de los derechos con el de las obligaciones, particularmente la participación cívica en la vida de la comunidad; y por otro lado, el de una mayor presencia e intervención de los ciudadanos en asuntos que los afectan directamente.

Siguiendo este orden de ideas, el binomio activo-pasivo tendría que ubicarse dentro de la lógica del funcionamiento de la ciudadanía, en donde se conjuguen acciones individuales y movilizaciones de grupo. No obstante, el conjunto de prácticas de ciudadanía que se desarrollan en la esfera pública, así como las instituciones políticas se muestran limitadas e incapaces de satisfacer demandas y necesidades sociales, pues la mayoría de las veces están comprometidas con los intereses privados. Esta situación produce desinterés, inconformidad, desconfianza, distanciamiento, impotencia, frustración, rechazo, insatisfacción, cada vez más generalizadas, lo que provoca una especie de aversión hacia la política. Este escepticismo provoca que los ciudadanos transiten entre la apatía y la participación. Esto nos hace pensar, que efectivamente, la ciudadanía se reduce a un conjunto de mecanismos y reglas formales, ya que la ciudadanía activa implica observarla en su multidimensionalidad y complejidad.

Son estas consideraciones las que nos llevan a plantear que, para el estudio de la ciudadanía y de sus procesos de formación, lo conveniente es focalizarlos a través de sus prácticas individuales y colectivas y en los referentes discursivos y simbólicos que las orientan. Pues es en las acciones dotadas de sentido e intencionalidad, desplegadas en la vida pública y privada desde variadas identidades individuales y colectivas, en donde es conveniente indagar y formar las expresiones ciudadanas. Las expresiones ciudadanas se refieren a las formas concretas en cómo los individuos viven su vínculo con la comunidad política, es decir, como manifiestan su condición de ciudadanos.

Conclusión

Hoy en día, la construcción de la ciudadanía tendría que ir a la par de la construcción de la democracia, aún cuando la valorización de la ciudadanía como fundamento de la democracia sea reciente en la discusión politológica. Esta relación nos ofrece elementos para entender los problemas específicos que limitan, no solo el desarrollo de una ciudadanía plena, sino también el alcance de una democracia, más allá de lo procedimental, pues la evaluación que hace la ciudadanía en sentido negativo de los actores políticos y de las instituciones políticas demuestran que la democracia tampoco tiene gran credibilidad, a pesar del gran despliegue discursivo en torno a la democracia como ideal, como institución o como forma de gobierno.

Bibliografía

  • Hindess, Barry (2002). “La ciudadanía neoliberal”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 186, México: UNAM.
  • Marshall, Thomas Humphrey. (2005). Ciudadanía y clase social. Buenos Aires: Ed. Losada.
  • Nateras, González Martha E. (2012). Construcción de la ciudadanía y participación de los jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México: Miguel Ángel Porrúa-UAEMex.
  • ______________________ e Ivett Tinoco García (2015). “Ciudadanía juvenil y participación política” en Gerardo Luis Dorantes y Aguilar (coord.), Participación política en la agenda universitaria del poder, Toluca, México: Universidad Autónoma del Estado de México.
  • O’Donnell, Guillermo (2004). “Acerca del Estado en América Latina contemporánea. Diez tesis para discusión”, en La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate, Buenos Aires: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
  • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2004). La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate. Buenos Aires: PNUD.

* Profesora-Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la  Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).


[1] La ciudadanía se construye a partir de significados, narrativas y discursos que intentan consolidar su contenido acorde al momento histórico, ello ha afianzado un imaginario de ciudadanía como categoría social (Nateras, 2012).

[2] Se refiere a Marshall, Thomas Humprey (2005)

[3] En América Latina, a diferencia de las democracias occidentales, los derechos políticos surgieron antes de los civiles, esta característica llevó a O’Donnell a catalogar nuestras democracias como no cívicas, con preeminencia de una ciudadanía de baja densidad. Por ello, propone que lo primero que se debe hacer en esta región del mundo es conquistar los derechos civiles, para consolidar la democracia, pues ante la  ausencia del Estado de Derecho se generan mayores desigualdades que impiden el pleno ejercicio de la ciudadanía política.

Encuestas preelectorales: ¿monitoreo de preferencias o mecanismos de persuasión?

María Cristina Osornio Guerrero

En México al menos los últimos tres procesos electorales por la Presidencia de la República se han visto enmarcados por la presencia de encuestas de opinión que dan una imagen acerca de las preferencias de los votantes antes y durante la campaña por la carrera presidencial. Hay que aclarar que aunque las encuestas más visibles son aquellas en que se presenta el panorama de la elección del poder Ejecutivo, éstas han permeado también otros ámbitos como las elecciones legislativas, las elecciones locales y las municipales, donde además de ayudar a conocer la aprobación de los candidatos, es posible medir las preferencias y el desarrollo de los partidos desde la presentación de los candidatos hasta unas semanas antes de la realización de las elecciones.

La polémica en torno a las encuestas se genera en dos direcciones, la primera que habla de la veracidad y confiabilidad de los resultados, pero una mucho más profunda cuestiona no sólo eso, sino la manera en qué las encuestas dejan de ser un resultado y se convierten en un insumo para los votantes, es decir, la forma en que estas pueden influir –o no- en las decisión de voto de los electores.

Las encuestas electorales tienen dos funciones principales: en primer lugar, suelen ser un instrumento de información que ayude a definir y redefinir la campaña de los candidatos a ocupar cargos públicos y  en segundo sitio funcionan como argumento propagandístico para la persuasión del electorado. En la primera de las opciones, los datos que arrojan las encuestas son insumos para mejorar el desempeño de los candidatos, en el segundo, se vuelve un recurso central  del discurso publicitario del candidato para sustentar la posición que ocupa en la contienda electoral respecto a sus adversarios (Aceves, 2007).

Afirmar que las encuestas influyen en la decisión del voto no es algo simple, por el contrario, implica conocer cuáles son los factores que ayudan a la construcción de las preferencias y a que esas preferencias se traduzcan en votos en favor de uno u otro de los candidatos por los cargos, por tanto, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué factores inciden en la decisión del voto? Y más importante aún, ¿cómo se decide por quién votar?

Desde la Ciencia Política, la decisión del voto ha sido explicada por medio de factores que se encuentran altamente vinculados a las creencias, los valores, las ideologías y las actitudes personales de los electores (Cottam, 2016). Haciendo uso de tales elementos se han elaborado explicaciones como la identificación partidista, entendida como el lazo afectivo con un partido político que resulta altamente estable en el tiempo y que funciona como atajo para discriminar la información que proviene de otros partidos y otros factores que pueden influenciar la intención de voto (Campbell et al, 1964).

De acuerdo con datos de Mitofsky (2018), en las elecciones de 2000, 2006 y 2012  los ciudadanos tenían decidido hacia quien dirigirían su voto incluso antes de la campaña, pues 56.3%, 59.6% y 56.1% votaron por el mismo partido de siempre en estos procesos electorales. Pero para 2018 el panorama cambió totalmente pues el 39.8% de los electores afirmó haber decidido durante la campaña y 20.3% en el año anterior a la elección, mientras que sólo el 13% votó por el mismo partido que en la elección pasada.

Existe un gran número de actores que no sienten identificación con alguno de los partidos políticos, por lo que son más susceptibles a la influencia del campo, ¿cómo se explica esto? Estos datos nos dicen que al menos en el caso de la última elección presidencial en México los electores han dejado a un lado las afiliaciones partidistas para dar paso a decisiones basadas en las campañas, hecho que nos permite pensar que las explicaciones de cómo votan los mexicanos no deben estar basadas en las preferencias vinculadas a la afección a los partidos políticos, sino que dependen de otras variables. Frente a la caída de las afiliaciones hacia los partidos, las alternativas de los electores se han encaminado hacia la búsqueda de afinidades de su sistema de creencias con los discursos de los candidatos, así como los mensajes que éstos emiten y que empatan con los valores y las actitudes de los electores

Los electores cuentan con información limitada –y en ocasiones, poco interés por profundizar para conseguir mayor información-, además de ello, no prestan atención a la totalidad de los sucesos y declaraciones de los candidatos que tienen lugar durante la campaña, por lo que realizan cortes de la realidad seleccionando únicamente los campos en los que sienten afinidad con los partidos o los candidatos en competencia (Houghon, 2009).

Pero, ¿cómo es que seleccionamos aquella información que nos parece relevante y desechamos aquella que no es útil a la hora de decidir por quién votar? De acuerdo con las aportaciones de la psicología el cerebro humano es capaz de recordar fragmentos de cosas como obras teatrales, películas, videos, etc. pero incluso en aquellos casos en que la escena completa resulte cautivadora, sólo podemos recordar algunos detalles, mismos que se convierten en un total.

Por esta razón, una de las aportaciones de la psicología política es una explicación mucho más sencilla sobre la decisión del voto. Cuando los electores se encuentran expuestos a la información ya sea por medios escritos, electrónicos o información proporcionada de manera directa por los candidatos, los electores encuentran puntos de afinidad o de rechazo de manera inmediata, esto quiere decir que el elector toma los mensajes que le parecen apropiados a su sistema de valores o de creencias y desecha el resto de la información. En ese sentido, el voto se decide con base en muy poca información acerca de los candidatos y cuyos vacíos se llenan por medio de la búsqueda mínima de información.

Esto significa que ante la exposición a la información, la cabeza de los electores ingresa en un ciclo en el que se detectan los mensajes clave que forman un total (overall) de información respecto a los partidos y candidatos, a partir de ello, toda la información nueva pasa por el mismo filtro de la afinidad con creencias y valores y se actualiza en caso de existir información valiosa para el elector, formando así un nuevo total (new overall) (Cottam, 2016).

Por eso, frente a escenarios como los procesos electorales donde fluye información acerca de partidos, candidatos, tendencias, propuestas de campaña, así como notas accesibles al público por diferentes medios de comunicación son los primeros insumos que utilizan los votantes para detectar elementos que sean afines con su pensamiento y sus creencias, valores y actitudes por lo que la formación de una preferencia puede resultar incluso un efecto inmediato de la recepción de la información. Cuando las afinidades forman un total, la información nueva se suma a las percepciones anteriores y mantiene o modifica la identificación con los candidatos en campaña, y así sucesivamente hasta el día de la elección.

De esta forma, los datos que proporcionan las encuestas son un insumo clave para los electores pues, en la medida que fluye la información sobre los punteros el elector puede decidir entre votar por quien se encuentra en la cúspide de las preferencias –haciendo uso del voto útil- o  seguir apoyando al candidato de su preferencia.

Con las explicación anteriores es posible pensar que el flujo de información al que nos encontramos expuestos actúa de manera inmediata sobre la mente de los electores y que datos tan relevantes como los resultados de las encuestas preelectorales son insumos de gran importancia para la formación de las preferencias, por lo tanto, una hipótesis digna de probar es qué tanto influyen los resultados de las encuestas en los resultados electorales. Por ahora, la falta de datos respecto esta relación causal no permite rechazar o no rechazar la hipótesis que hemos, sin embargo, podemos afirmar que existen elementos más allá de la estadística que permiten pensar en que atribuir el resultado electoral a la información que proviene de las encuestas es posible.

Bibliografía

Aceves, F. (2007). “Encuestas y elecciones presidenciales de 2006: instrumentos de investigación mercadotécnica y/o vaticinio electoral” en Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. 16(31). 84-109

Campbell, et al.  (1960). The American Voter, Chicago,  University of Chicago Press

Cottam, M. et al (2016). “The Political Psychology of Mass Politics: How do people decide for whom to vote”, en Cottam, M. et al, Introduction to Political Psychology, , Third Edition, 2016, pp 161-196.

Houghton, D. (2009) “The Psychology of Voting Behavior” en Houghton, D. (2009), Political Psychology: Situation, individuals and cases. Pp 157-167

Consulta Mitofsky. (2018). México: Análisis del votante 2000-2018. Disponible en http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/elecciones-mexico/item/1073-mexico-analisis-del-votante-en-elecciones-presidenciales-2000-2018

¿INEGI en crisis?

Por: Ariel Jair Rosales Ruiz

En diversas áreas del conocimiento que implican rigurosidad a través de fórmulas, métodos y teoría, el análisis de la información apegado a la realidad es indispensable y una de las principales herramientas para la obtención de datos es la estadística, la cual nos permite desarrollar una serie de evaluaciones a través de los estudios que reflejen la mejor manera de analizar resultados y diseñar escenarios posibles para la toma de decisiones apegadas, tanto a los análisis cualitativos como cuantitativos. Por lo tanto, la importancia de contar con una serie de datos confiables para el manejo adecuado de los recursos es fundamental.

En México contamos con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que es un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía que permiten dar a conocer las características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones.

Dicho instituto es el responsable del levantamiento informático a través de la captación, procesamiento, difusión de bancos de datos, indicadores y cifras que entre los años 1985 y 2018 -de acuerdo al catálogo de proyectos de metadatos del INEGI-, ascendieron a 258 operaciones estadísticas realizadas. Sin embargo, a principios de 2019, su actual presidente, Julio Santaella Castell, informó de un sensible recorte presupuestal que afectará la ejecución de por lo menos 14 proyectos, entre los que se encuentran:

Pero ¿cuál es la problemática principal del freno de dichos proyectos, si respecto al año 2018 el presupuesto aumentó 64%, como se aprecia a continuación:

2019 puede ser el año con menos proyectos e información generada por el INEGI, pues el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado en la Cámara de Diputados para este año no contempla los fondos que el Instituto reportó como necesarios para realizar de manera óptima varios levantamientos y proyectos.

A pesar de tan importante crecimiento, el INEGI había solicitado en octubre de 2018 una propuesta de paquete económico que comprendía 17 mil millones de pesos; pero desde entonces ya se anunciaba la cancelación de proyectos si no se cumplía con un presupuesto suficiente y adecuado para la buena realización de sus funciones.

Santaella Castell anunció que la Junta de Gobierno, como órgano superior de dirección del INEGI, determinó que de los 12,129´702,814 pesos del presupuesto oficial que se les asignó, 2 mil 634.6 millones serán destinados a los Censos Económicos 2019, mientras que 2 mil 813.1 millones serán para el Censo de Población y Vivienda 2020 que se realiza cada diez años.

La importancia de la información estadística es fundamental para el país, sin embargo ¿las decisiones del INEGI son las adecuadas? ¿La postura del dirigente de dicho organismo se basa en las circunstancias de un nuevo gobierno y sus intentos por un plan de austeridad máxima?

En todos los sectores resulta discutible, pero las nuevas condiciones pueden ser contraproducentes, pues también cabe mencionar que tras la promulgación de la nueva Ley Federal, se anunció la reducción de sueldos a 68 altos funcionarios del INEGI; más de ocho mil perdieron su seguro de separación individualizada y más de 12 mil se quedaron sin seguros de gastos médicos mayores.

Ante dicha situación, más de una institución y especialistas en diversas ramas han manifestado su preocupación y justifican que contar con datos públicos, fiables y oportunos, debe ser un eje primordial de la acción del gobierno. 

Sabemos también que el Instituto se encarga de coordinar actividades de otras dependencias del gobierno federal o de las entidades federativas que generan información estadística y geográfica, de tal manera que hay una solidez aún mayor para formar una infraestructura de datos de México en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Es así que instituciones como el CONEVAL han cumplido con el desarrollo de una metodología de medición empleando siempre, la información provista por el INEGI.

Por otro lado, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre muchas otras, no solo manifiestan su preocupación, sino, también exigen al INEGI “…que haga públicos los criterios y la racionalidad en los que basó su decisión para cancelar las encuestas mencionadas”.

Además de recalcar que la falta de información sobre los grupos afectados en el recorte promueve su invisibilidad, se debe apuntar que no se contará con datos sobre su situación ni sobre las posibles vulneraciones a sus derechos, lo que perjudicará el desarrollo de políticas públicas que garanticen sus derechos humanos.

En suma, es necesario obtener datos e información fiables para el desarrollo de la toma de decisiones en nuestro país, pero es aun más importante contar con instituciones sólidas en cuanto a su autonomía, personalidad jurídica y patrimonio, que garanticen su capacidad de gestión en cuanto a los recursos que les son otorgados por la federación, porque si bien contar con la información adecuada y confiable no es gratis, las alternativas para la generación de estos estudios se tendrán que evaluar en los próximos meses con los recursos que se tienen disponibles.

Principales hallazgos de participaciones presupuestales federales y estatales en el Estado de México

Por: Pedro Alfonso Sandoval Rivero

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos son los dos principales instrumentos para diseñar y realizar los planes de desarrollo, federales, estatales y municipales. Estos dos elementos se ponen en la balanza para saber cuál es el capital del que se dispone y determinar cuánto, cómo y en qué se invertirán los recursos económicos.

El Presupuesto de Egresos Federal 2019, donde se contemplan las participaciones y aportaciones que se destinarán a cada entidad y a cada municipio, presenta un reajuste en las prioridades del gobierno y con ello a dónde y en qué se destinarán los recursos.

Con base en ello, el Presupuesto de Egresos del Estado del Estado 2019 fue publicado en la Gaceta de Gobierno el 31 de diciembre de 2018, registrando el estimado de participaciones federales y estatales para cada municipio de la entidad.

En el Estado de México, la Ley de Ingresos de 2019 registró un balance de 291,059´430,336 pesos, cifra que incrementó alrededor de 10,353.25 millones de pesos (mdp) respecto a 2018. De dicho total, el 39.4% proviene de los derivados de las aportaciones de los Ingresos Federales (más de 114,764 mdp). Mientras que apenas el 7% proviene de los impuestos que el Estado de México recauda (20,407 mdp). Lo que desde un comienzo nos muestra un alto grado de dependencia de las participaciones federales en la estructuración de este importante instrumento.

Por otra parte, el Presupuesto de Egresos Estatal para este año se estimó que será prácticamente igual a los ingresos percibidos, como se observa a continuación:

A efecto de analizar la integración de los fondos federales y estatales a que tienen derecho los municipios, es importante revisar algunos conceptos básicos como el de la hacienda pública municipal, que es el conjunto de bienes financieros y patrimoniales de los que dispone el municipio para la prestación de servicios públicos y promoción del desarrollo y en la que los elementos financieros que la integran son el ingreso (participaciones federales, estatales y recursos propios), la deuda pública municipal, el gasto y el patrimonio municipal.

Por su parte, los ingresos municipales son el recurso del que disponen los municipios para su operación y tienen tres fuentes: 1) los ingresos ordinarios directos (o propios), que se desglosan en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejora; 2) los ingresos extraordinarios, que pueden ser, por ejemplo, los financiamientos de ONG´s o prestaciones de diferentes instituciones públicas y privadas y 3) los ordinarios indirectos (o transferencias), que contempla las aportaciones y participaciones federales y estatales.

A su vez, se encuentran las participaciones federales, que tienen diferentes fuentes como el Fondo General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal; el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; el Fondo de Fiscalización y Recaudación; el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal); el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; los ingresos derivados de la aplicación del artículo 4º-A de la Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas), y el Fondo de Compensación de los ingresos derivados de la aplicación del artículo 4º-A de la Ley de Coordinación Fiscal (FOCO).

Mientras que las participaciones estatales son provenientes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estatal); del Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados; del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas y del Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico.

Finalmente, el porcentaje de estos ingresos que corresponden al total de los municipios es establecido por diferentes instituciones gubernamentales, entre ellas el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria del Estado de México, siendo para el año fiscal 2019 el siguiente:

De esta forma, el uso que se le dará a los ingresos municipales se especifica en el Presupuesto de Egresos Municipal, que es propuesto por cada Presidente Municipal y es aprobado por su respectivo Cabildo, en el cual se establece el ejercicio, control y evaluación del gasto público de las dependencias y organismos municipales.

En un análisis comparativo de las Participaciones Federales y Estatales 2018 y 2019, con el partido que lo gobierna a partir de enero de 2019, de los 10 municipios con mayor población que son, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Toluca, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán e Ixtapaluca, los resultados fueron los siguientes.

En primer lugar, se puede observar que el incremento en el presupuesto asignado de estos 10 municipios en promedio fue del 12.1% respecto al año anterior, un porcentaje de esto responde al principio inflacionario, que para 2019 Banxico estimó en un ±3.4%.

Sin embargo, es importante señalar que las participaciones no parecen tener una relación directamente proporcional con el tamaño de la población, por ejemplo, los municipios de Tlalnepantla, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli, que cuentan con una población de 700,734, 679,811 y 531,041 habitantes, respectivamente (INEGI, 2015), difieren bastante en el monto de participaciones total.

Mientras que para Tlalnepantla se destinarán más de 1,845 millones de pesos, para Chimalhuacán, que actualmente gobierna el PRI, será de 617.4 millones de pesos, apenas poco más de la tercera parte del presupuesto del municipio morenista, siendo que la diferencia poblacional es de 20 mil 930 habitantes. En contraparte, Cuautitlán Izcalli, que también gobierna MORENA, tiene un presupuesto superior en 280.6 millones de pesos al de Chimalhuacán, cuando cuenta con 148 mil habitantes menos que dicho municipio. Otro ejemplo es el caso de Nezahualcóyotl y Naucalpan, siendo que el presupuesto del segundo es superior al del primero cuando cuenta con una población menor en casi 200 mil habitantes.

De estos diez municipios, son los tres gobernados por un partido diferente al del federal los que, con relación a sus participaciones y su población, destinan menos presupuesto por habitante. Chimalhuacán ocupa el último puesto, destinando apenas 908.3 pesos por habitante y en el lado opuesto se encuentra Tlalnepantla, que destina 2,633.7 pesos por habitante. La capital mexiquense gasta 1,763.3 pesos por habitante.

Sin embargo, pese a que Chimalhuacán e Ixtapaluca son los municipios con menores participaciones de este conjunto, son los que tuvieron un mayor incremento en las Participaciones Federales, del 15.1% y 15.2%, respectivamente, con relación al monto de 2018, siendo ambos gobernados por el PRI. Mientras que el municipio que tuvo el menor incremento es Nezahualcóyotl, del 8.6% respecto a 2018, donde el presidente municipal del PRD logró la reelección para el nuevo periodo de gobierno. El resto de los municipios en el listado son gobernados por MORENA o alguno de sus aliados electorales.

Por otro lado, las participaciones estatales se vieron reducidas en promedio un -9.19% respecto a 2018 para los diez municipios estudiados, siendo Nezahualcóyotl el municipio que se vio más afectado nuevamente, con una reducción del 12.59%, equivalente a 4 millones 758 mil pesos menos. Chimalhuacán, Naucalpan e Ixtapaluca fueron los que presentaron un menor recorte, menos del 8% en comparación con 2018.

Si bien cada municipio cuenta con distintos montos de aportaciones, también es cierto que no son su única fuente de ingreso, como ya se hizo mención, por lo tanto, esto no debería limitar el trabajo y las acciones municipales en pro de sus habitantes y todo lo que ello implica.

Muestra de ello es el caso de Nezahualcóyotl, donde a pesar de ser el segundo municipio más grande del Estado, cuenta con un monto de participaciones mucho menor que Ecatepec y Naucalpan, el primer y tercer lugar en población, respectivamente, y sin embargo, el partido que lo gobierna logró la reelección, a pesar de destinar aparentemente menos recursos por habitante (de acuerdo con las participaciones federales y estatales), en comparación con Ecatepec y Naucalpan.

Reseña del libro “Populismos” de Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán

Título del libro: Populismos

Autores: Fernando Vallespín / Máriam Martínez-Bascuñán

Editorial: Alianza Editorial.

Lugar y año de impresión o edición: Madrid, 2017

Número de páginas: 295

Es vano y erróneo conceptualizar al populismo como una ideología, corriente o asociarla a cualquier otro tipo de pertenencia, pues es un fenómeno que gira en el aire sin una definición concreta; es así que, el populismo es más bien, una forma de hacer política.

En esta obra, los politólogos Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán analizan, describen y comparan distintas variedades de populismoen la política internacional.

Muchos han sido los papeles que ha tomado el populismo en materia internacional, pero el primero fue con el Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en donde la Primer Ministro, Theresa May, valiéndose de su clásica estrategia populista, trataba de justificar la negociación del complejo Brexit: “Veintisiete países europeos se han aliado con nosotros”.

El segundo acto significativo tomado en consideración se manifestó con la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, donde un personaje misógino, racista, narcisista y sin experiencia alguna, se hacía con la mayor posición de poder del mundo, al grado tal que su populismo se denotó cuando en su toma de posesión prometía “devolverle el poder al pueblo”; y es que en lo absoluto ha puesto en práctica lo propuesto en campaña.

Otro tercer acto mencionado en este libro tuvo lugar cuando el austrriaco Alexander Van der Bellen, candidato derechista y xenófobo superó a su oponente con una cantidad considerable de votos.

Son así innumerables actos populistas que, de acuerdo con un reciente estudio mencionado en este texto, representan la principal amenaza para la estabilidad de los Estados, incluso por encima de la economía, migraciones o del terrorismo.

Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán dejan claro, sin embargo, que el populismo ha existido desde siempre, pero se plantean como una incógnita el por qué renace con tanta fuerza. Siendo aquí aquí donde plantean que no debemos olvidar el papel que juega la cultura en cada nación, así como los rasgos de sexo, edad, religión, tradiciones, entre muchas otras variables y factores más que condicionan la forma de persuasión en una sociedad ante el fenómeno del populismo.

Llama la atención que en uno de sus capítulos, los autores conciben al populismo como un “síndrome” y que las convulsiones políticas corresponden a un conjunto de factores económicos, culturales y psicosociales. Por ejemplo: en Austria, uno de los países con mayor renta per cápita del mundo, tuvo un candidato populista que consiguió el mayor porcentaje de votos. En España, en cambio, donde no hay partidos xenófobos, su éxito obedece al factor económico asociado a la desconfianza hacia las élites políticas e institucionales.

El populismo, indican los autores de este libro, es causa de una oscuridad en las naciones y se teme que esa oscuridad sea aún mayor. Esta idea está reforzada por una cita de Francis Fakuyama que dice: “La parte democrática de la democracia liberal está ahora sublevándose y tomándose venganza sobre la parte liberal. Si esta tendencia continúa en otros lugares del mundo, entraremos en unos muy duros tiempos de inflamados nacionalismos en conflicto”.

¿Qué pasa con PEMEX?

Por: Verónica López Ruiz y Ariel Jair Rosales Ruiz

El tema de los combustibles en México se ha vuelto uno de los temas más controversiales y comentados en los últimos meses, sin embargo, las preguntas con las que damos origen a este artículo y que intentaremos responder con base en información de distintas fuentes periodísticas y con datos oficiales de PEMEX son: ¿Qué pasa con PEMEX? ¿Conocemos qué cantidad de combustibles importamos?, ¿Cómo afectó el tema del robo de combustible a PEMEX y a la ciudadanía?.

Petróleos Mexicanos es la empresa más grande e importante de México y es un referente internacional en materia de hidrocarburos. Entre sus actividades se involucra toda la cadena productiva, desde la exploración, producción, transformación industrial, logística y comercialización, para lo cual cuenta con 83 terminales terrestres y marítimas, así como con poliductos, buques, carros tanque y autos tanque para abastecer a las más de 10 mil estaciones de servicio a lo largo de nuestro país.

La empresa petrolera en 2019 tendrá un gasto de inversión estimado por 273,069 millones de pesos, lo que significa un crecimiento del 28% con respecto al año pasado. Sin embargo, de acuerdo con datos de Bloomberg, en 2018 Petróleos Mexicanos encabezó la lista de empresas petroleras que más adeudan a nivel mundial, con un monto de 104,553 millones de dólares, seguida por Petrobras de Brasil con 91,531 millones de dólares.

Sus principales ingresos son la venta de crudo al exterior y de combustibles, lo cual se ha visto afectado por el robo de combustible el cual se comenzó a observar desde el sexenio del expresidente Vicente Fox, en donde se calculaban pérdidas por 12,000 millones de pesos. Sin embargo, el robo de combustibles se hizo más evidente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde las pérdidas rondaban los 147,200 millones de pesos.

De hecho, se habla de un alarmante incremento del 824.4% de tomas clandestinas identificadas por PEMEX de 2011 a octubre de 2018, concentradas principalmente en los estados de Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas. Ante este grave diagnóstico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador implementó acciones para combatir la extracción ilegal de hidrocarburos conocida como “huachicoleo”, que involucra la vigilancia de las instalaciones estratégicas de PEMEX, la participación de 15 dependencias gubernamentales, el resguardo de activos en refinerías y en las terminales de almacenamiento, así como el cierre de los ductos.

De acuerdo con una investigación del The Wall Street Journal, desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se importaban de los Estados Unidos de Norteamérica alrededor de 350 mil barriles diarios, lo que significa un 28% menos respecto de diciembre de 2017 y enero de 2018, redacta el diario estadounidense, según datos de la firma de investigación ClipperData. Sin embargo, el Presidente desmintió las investigaciones de TWSJ el 12 de enero de 2019 al ser cuestionado por El Universal, al afirmar que México sigue importando 600 mil barriles diarios de gasolina al extranjero.

Estos datos nos demuestran que en los últimos años México es prácticamente dependiente de las importaciones de hidrocarburos extranjeros, por lo que el plan “anti-huachicol” implementado por el Gobierno Federal también repercutió directamente en la importación internacional de combustibles, pues en los últimos días se habló y se documentó en diversos medios sobre el anclaje en puertos del país de por lo menos 65 buques de combustible sin poder descargar. Lo cierto es que PEMEX no cuenta con la infraestructura adecuada para el almacenamiento de ese combustible en tanto se regulariza la distribución.

Por otra parte, Petróleos Mexicanos no informó datos de cuánto combustible se está comprando del extranjero, por lo que las investigaciones de The Wall Street Journal respecto a la baja de compra son las que apuntan a la seriedad del asunto, toda vez que alrededor de 8 de cada 10 litros de gasolina que se consume en el país son importados.

Son muchos los cuestionamientos que diariamente se le presentan al Presidente de México a partir del 27 de diciembre de 2018 cuando informó a los medios de comunicación que se implementarían los mecanismos necesarios para acabar con el robo de hidrocarburos a PEMEX, pues se ha tratado de medidas que se han convertido en una problemática para los ciudadanos de por lo menos 10 estados de la República como Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Jalisco, Puebla, Querétaro, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca y la propia Ciudad de México, ante el grave desabastecimiento de combustibles en terminales y gasolineras.

Por ello, caben las siguientes preguntas: ¿La decisión de cerrar los ductos que transportan el combustible a las terminales de abastecimiento y resguardo fue precipitada? ¿Han sido las medidas, la logística y planeación adecuadas ante una escasez visible de hidrocarburos en el país?

Cualquiera podría pensar que se ha tratado de medidas poco aceptadas y hasta impopulares, pero diversas encuestas como las publicadas en días recientes por el periódico El Financiero demuestran lo contrario.

Tal percepción ciudadana e índices de apoyo ciudadano a este plan, le han permitido cierto margen de maniobra bajo el argumento central de que las pérdidas derivadas del robo de combustibles ascendieron hasta los 70,000 millones de pesos cada año. No obstante, es probable que dicho plan esté supeditado a su temporalidad y al impacto que día con día está teniendo en la productividad y economía de los estados más afectados.

Según datos de Petróleos Mexicanos los registros de tomas clandestinas son los siguientes:

Sin duda, el discurso del combate a la corrupción es muy efectivo y se fortalece al tomar las medidas necesarias para combatirla, sin embargo, al plan de combate el robo de combustibles en México por parte del Gobierno Federal le hace falta restablecer o normalizar el abasto y distribución de combustibles a la brevedad y, sobre todo, dar conocer a los responsables de los daños perpetrados a la empresa y que permitieron llevarla a una crisis financiera a escala internacional, pues se trata, ni más ni menos de PEMEX, motor de las finanzas y la economía de nuestro país desde su creación en 1938.

La difícil tarea de entender a Andrés Manuel (Primera parte)

Por: Juan Carlos Villarreal Martínez

Mucho se ha dicho sobre Andrés Manuel y quizá todo esté aun por escribirse. Para sus malquerientes, que los hay y muchos, se anuncia desde hace semanas que su gobierno es un gobierno autócrata, se dice desde el inicio de su administración que es poco tolerante a la crítica y que acusa rasgos de populismo.

Sí, todos esos rasgos parecen ser distintivos tanto de su carrera anterior como de los escasos días que lleva en el gobierno. En el otro extremo, hay legiones de corifeos que repiten sin parar lo que el líder dice, hay quienes se contradicen incluso cuando AMLO recula o cambia de opinión, son voces acríticas y aquí está el primer gran dilema: priva un análisis binario de blanco y negro, de amigo-enemigo y en el rejuego se polarizan los conceptos.

Pero quizá lo más relevante, desde mi óptica, no sea lo que está sucediendo en términos de comunicación política, sino la falta de herramientas propias y conceptos para identificar las características de este actor político.

Comenzaremos por decir lo que no es. AMLO no es un hombre prudente, así lo dictan sus años al frente de la política y su conducta con frecuencia intolerante, y yo diría provocadora. Y justo porque es un provocador nato, porque es un polemista consumado, ha utilizado las “conferencias mañaneras” (las mismas que utilizó cuando era Jefe de Gobierno), pero ahora para contestar prácticamente en tiempo real las críticas hacia él y hacia su gobierno; y en esto muchos se confunden y lo tratan de equiparar a lo que hizo Maduro en Venezuela, a lo que hizo Correa en Ecuador y a lo que han hecho otros actores de corte populista.

Sin embargo, valdría la pena cuestionarse las diferencias. Andrés Manuel no ha roto con el sistema, no ha violentado el orden constitucional como lo hicieron aquellos y aún es temprano para descalificarlo. ¿Se trata entonces de un líder popular que juega en la cancha conceptual del neoliberalismo? ¿Su gobierno será exitoso en la política social sin tocar los grandes intereses que mueven a los medios y a sus opinadores (y a los cuales les aumentó el presupuesto en comunicación social)? o ¿Estamos frente a una errada estrategia de subir al Presidente a todos los rings del debate público en la sobreexposición a la que se enfrenta cotidianamente?

Me parece que es prematuro, en consecuencia, advertir que esta conducta sea propicia de un líder autócrata. No es (aún y quizá no lo sea nunca) un líder populista. Más adelante me referiré a los elementos clave de este concepto para señalar si es o no, por el momento, un líder que se inscriba en esa categoría.

Lo que sí es AMLO, y me parece un tema importante a discutir, es que se trata de un político popular que está echando mano de esa popularidad para sentar las bases de lo que será su gobierno en los próximos seis años, toda vez que parte de supuestos estadísticos inobjetables, cuando el 70% de la población gana menos de 15 mil pesos al mes, sabiendo de antemano que esa es su principal base de apoyo. Por ello, en la medida en que las acciones de su gobierno se conduzcan a este segmento social, las críticas minoritarias importantes que guían la comunicación política podrán ser muy relevantes para los que estamos acostumbrados al anterior régimen, pero son absolutamente irrelevantes para quienes pretendidamente serán los beneficiarios de sus políticas de gobierno.

Así lo demuestran todos los días las miles de defensas que se hacen en redes sociales a su favor -fanatismo le llaman algunos-, y puede haber algunos rasgos de ello, pero me parece que no, que las raíces son más profundas y tienen que ver con la legitimidad del mandato, pero sobre todo, con la representación social que tiene Andrés Manuel. Y ésta, me parece, es la primera característica que se tiene que analizar con mayor detenimiento: ¿Se trata o no de un gobierno popular? ¿Se trata o no de un gobierno populista? Se trata de una diferencia muy relevante para tratar de comprender las características del inicio de este mandato.

En estas mismas páginas hemos reseñado un par de textos clave para intentar comprender de mejor forma este fenómeno: “¿Qué es el populismo?” de Jan-Werner Müller y “Populismos” de Fernando Vallespín y Mariam Martínez Bascuñán.

Parece que el mundo moderno –anota Jan-Werner– se encuentra plagado de políticos populistas o, en su defecto, cargan con dicha etiqueta: Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, Recep Tayyip Erdoğan en Turquía, Viktor Orbán en Hungría, Heinz-Christian Strache en Austria,Pablo Iglesias en España, Hugo Chávez en Venezuela, son algunos ejemplos de políticos populistas que han cobrado relevancia en tiempos recientes. De hecho, en el mismo texto se ocupa incipientemente de Andrés Manuel y su comportamiento en 2006 y 2012.

“… los populistas viven una suerte de mundo político de fantasía: se imaginan una oposición entre las elites corruptas y un pueblo puro y homogéneo que no puede hacer daño…buscan moralizar el conflicto político lo más posible…nunca faltan los enemigos, y éstos nunca son nada menos que enemigos del pueblo en su conjunto”, resalta Müller (2017).

Quizá por ello algunos políticos perciben su papel más allá de la representación política y se conciben como “motivadores” permanentes, como lo hizo Correa en Ecuador.

Es temprano para afirmar que Andrés Manuel sea un líder populista, aunque posee rasgos distintivos en sus discursos cotidianos y no logra salir del modelo de campaña permanente, en el que disfruta su rol de predicador ante los medios sedientos de notas.

Por su parte, Vallespín y Bascuñán en su obra “Populismos” señalan esquemáticamente  y en forma de decálogo la descripción de diez características cuando se habla de populismo, herramientas conceptuales cuyos rasgos específicos permiten hacer visible este fenómeno.

El populismo no es en realidad una ideología política; se trata más bien de una “lógica de acción política”… en términos generales, responden a procesos de brusco cambio social modernización, industrialización, aparición de la sociedad de masas globalización y migraciones frente a los que se reacciona invocando la necesidad perentoria de revertir la situación creada por dichas transformaciones, una de cuyas consecuencias principales es la ”pérdida de la comunidad” y la distorsión del sistema de mediaciones políticas… Dicha reacción se expresa mediante una descripción con tintes dramáticos del momento en el que nos encontramos.

“El éxito actual del populismo sería incomprensible si no atendemos a la reconstrucción del espacio público que se ha producido en las últimas décadas”, apuntan Vallespín y Bascuñán (2017). Aquí las nuevas tecnologías son decisivas, el advenimiento de los medios de comunicación digitales son una referencia para las nuevas generaciones dejando de lado los medios tradicionales como la televisión y la radio.

Vallespín y Bascuñán (2017) analizan ese espectro que está presente en las democracias contemporáneas, en el que el populismo recoge la impotencia de la política y la arrogancia tecnocrática de las élites; por ello la democracia liberal ha dejado de ser el único modelo que se creía perduraría por un largo tiempo a partir de la postguerra, ya que el populismo tiende a buscar polarización mayoritariamente haciendo uso de emociones y de un discurso simplificador, en el que una parte antagonista será la culpable de los males perpetrados, ellos/nosotros, pueblo/elites.

Nuestro país sólo ha conocido gobiernos de corte tecnocrático, al menos desde 1982 a la fecha, por lo que las bases de apoyo que logró AMLO en 2018 no tienen elementos comparativos más allá de las obras publicadas y de las cuales hemos hecho reseñas en este espacio y que del todo no se ajustan al caso mexicano por el momento, de tal suerte que son un llamado de atención y pueden alertar acciones de futuro, pero no son aplicables aún al caso mexicano.

Luego entonces, habría que plantear como hipótesis, que estamos frente a un liderazgo popular que descansa en el viejo nacionalismo revolucionario y que puede ser muy exitoso en lo político si al menos cubre, como de hecho ya lo está haciendo, con los temas relacionados con la austeridad, la moral pública o ética en el servicio público, acompañados de una fuerte inversión al gasto social de apoyo a los grupos más vulnerables del país que devuelvan la esperanza a la gente.

Un gobierno popular del corte de Lázaro Cárdenas del Río suena muy romántico, porque se presentaron coyunturas especiales, pero justo esa coyuntura está a la vuelta de la esquina, de cómo la resuelva y comunique AMLO, dependerá en buena medida su futuro pare las próximas elecciones locales de este año, siendo ese el primer termómetro político de su administración.

Al momento de cerrar este artículo, se discutía en la Cámara de Diputados el tema de la Guardia Nacional y en la calle el malestar por el desabasto de gasolina seguía creciendo. Ambos temas vivirán momentos cruciales a fínales de enero y volveré a ellos en el próximo número de la revista, mientras tanto, resulta pertinente recapitular en las interpretaciones conceptuales que le dan origen a la pregunta de fondo: ¿Este gobierno será populista o popular?

De acuerdo con la encuesta publicada el 30 de noviembre de 2018 por GRUPO REFORMA en: “Análisis, Gobierno y Política”, AMLO comenzó su sexenio con un alto porcentaje de aceptación. El estudio revela que el Ejecutivo federal mantiene un alto respaldo entre la sociedad, así como un alto porcentaje de aprobación ante las recientes decisiones que ha tomado para conducir al país, como la Guardia Nacional, el uso de consultas populares y las medidas para combatir la corrupción.

En el mismo estudio se les pidió a los encuestados describir al mandatario y la mayoría de ellos lo consideran como un político sincero, democrático, conservador y tradicional. Duchos datos expresan que un gran porcentaje de los mexicanos se encuentra esperanzado y respalda el gobierno de López Obrador, por lo tanto re enmarco la hipótesis principal de este artículo, ¿gobierno popular o populista?

Se presentan imágenes con los datos de dicha encuesta.

También el 55% de los mexicanos encuestados perciben a AMLO cómo aquel “adecuado” para fortalecer el estado democrático del país, principalmente a través del ajuste institucional, pero también un porcentaje similar piensa que el actual Presidente buscará reelegirse.

En cuanto a sus atributos, la gente lo percibe mayoritariamente como conciliador, tradicional, honesto y sincero. Y aunque en espectro democrático-autoritario y conservador-liberal los porcentajes se equilibran más, en donde se observa una paridad importante es en los atributos de demócrata y populista, toda vez que 4 de cada 10 lo perciben como populista.

Algo similar se observa en términos de expectativas, en donde destaca la mejora en la economía como el primer tema en el que dará resultados AMLO, siendo su principal prioridad el combate a la inseguridad, destacando la exigencia social del combate a la corrupción.

Finalmente, en términos de intención de voto por partido, ante la pregunta de si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal, ¿Por cuál partido votaría?, continúa siendo radical el amplio margen de apoyo que conserva Morena por sobre las demás fuerzas políticas, pues prácticamente 5 de cada 10 personas le refrendarían su voto.

Será en la próxima entrega de la Revista Mexiquenses cuando presente la segunda parte de éstas y otras reflexiones.