Reseña del libro “Populismos” de Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán

Título del libro: Populismos

Autores: Fernando Vallespín / Máriam Martínez-Bascuñán

Editorial: Alianza Editorial.

Lugar y año de impresión o edición: Madrid, 2017

Número de páginas: 295

Es vano y erróneo conceptualizar al populismo como una ideología, corriente o asociarla a cualquier otro tipo de pertenencia, pues es un fenómeno que gira en el aire sin una definición concreta; es así que, el populismo es más bien, una forma de hacer política.

En esta obra, los politólogos Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán analizan, describen y comparan distintas variedades de populismoen la política internacional.

Muchos han sido los papeles que ha tomado el populismo en materia internacional, pero el primero fue con el Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en donde la Primer Ministro, Theresa May, valiéndose de su clásica estrategia populista, trataba de justificar la negociación del complejo Brexit: “Veintisiete países europeos se han aliado con nosotros”.

El segundo acto significativo tomado en consideración se manifestó con la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, donde un personaje misógino, racista, narcisista y sin experiencia alguna, se hacía con la mayor posición de poder del mundo, al grado tal que su populismo se denotó cuando en su toma de posesión prometía “devolverle el poder al pueblo”; y es que en lo absoluto ha puesto en práctica lo propuesto en campaña.

Otro tercer acto mencionado en este libro tuvo lugar cuando el austrriaco Alexander Van der Bellen, candidato derechista y xenófobo superó a su oponente con una cantidad considerable de votos.

Son así innumerables actos populistas que, de acuerdo con un reciente estudio mencionado en este texto, representan la principal amenaza para la estabilidad de los Estados, incluso por encima de la economía, migraciones o del terrorismo.

Fernando Vallespín y Máriam Martínez-Bascuñán dejan claro, sin embargo, que el populismo ha existido desde siempre, pero se plantean como una incógnita el por qué renace con tanta fuerza. Siendo aquí aquí donde plantean que no debemos olvidar el papel que juega la cultura en cada nación, así como los rasgos de sexo, edad, religión, tradiciones, entre muchas otras variables y factores más que condicionan la forma de persuasión en una sociedad ante el fenómeno del populismo.

Llama la atención que en uno de sus capítulos, los autores conciben al populismo como un “síndrome” y que las convulsiones políticas corresponden a un conjunto de factores económicos, culturales y psicosociales. Por ejemplo: en Austria, uno de los países con mayor renta per cápita del mundo, tuvo un candidato populista que consiguió el mayor porcentaje de votos. En España, en cambio, donde no hay partidos xenófobos, su éxito obedece al factor económico asociado a la desconfianza hacia las élites políticas e institucionales.

El populismo, indican los autores de este libro, es causa de una oscuridad en las naciones y se teme que esa oscuridad sea aún mayor. Esta idea está reforzada por una cita de Francis Fakuyama que dice: “La parte democrática de la democracia liberal está ahora sublevándose y tomándose venganza sobre la parte liberal. Si esta tendencia continúa en otros lugares del mundo, entraremos en unos muy duros tiempos de inflamados nacionalismos en conflicto”.

¿Qué pasa con PEMEX?

Por: Verónica López Ruiz y Ariel Jair Rosales Ruiz

El tema de los combustibles en México se ha vuelto uno de los temas más controversiales y comentados en los últimos meses, sin embargo, las preguntas con las que damos origen a este artículo y que intentaremos responder con base en información de distintas fuentes periodísticas y con datos oficiales de PEMEX son: ¿Qué pasa con PEMEX? ¿Conocemos qué cantidad de combustibles importamos?, ¿Cómo afectó el tema del robo de combustible a PEMEX y a la ciudadanía?.

Petróleos Mexicanos es la empresa más grande e importante de México y es un referente internacional en materia de hidrocarburos. Entre sus actividades se involucra toda la cadena productiva, desde la exploración, producción, transformación industrial, logística y comercialización, para lo cual cuenta con 83 terminales terrestres y marítimas, así como con poliductos, buques, carros tanque y autos tanque para abastecer a las más de 10 mil estaciones de servicio a lo largo de nuestro país.

La empresa petrolera en 2019 tendrá un gasto de inversión estimado por 273,069 millones de pesos, lo que significa un crecimiento del 28% con respecto al año pasado. Sin embargo, de acuerdo con datos de Bloomberg, en 2018 Petróleos Mexicanos encabezó la lista de empresas petroleras que más adeudan a nivel mundial, con un monto de 104,553 millones de dólares, seguida por Petrobras de Brasil con 91,531 millones de dólares.

Sus principales ingresos son la venta de crudo al exterior y de combustibles, lo cual se ha visto afectado por el robo de combustible el cual se comenzó a observar desde el sexenio del expresidente Vicente Fox, en donde se calculaban pérdidas por 12,000 millones de pesos. Sin embargo, el robo de combustibles se hizo más evidente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde las pérdidas rondaban los 147,200 millones de pesos.

De hecho, se habla de un alarmante incremento del 824.4% de tomas clandestinas identificadas por PEMEX de 2011 a octubre de 2018, concentradas principalmente en los estados de Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas. Ante este grave diagnóstico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador implementó acciones para combatir la extracción ilegal de hidrocarburos conocida como “huachicoleo”, que involucra la vigilancia de las instalaciones estratégicas de PEMEX, la participación de 15 dependencias gubernamentales, el resguardo de activos en refinerías y en las terminales de almacenamiento, así como el cierre de los ductos.

De acuerdo con una investigación del The Wall Street Journal, desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se importaban de los Estados Unidos de Norteamérica alrededor de 350 mil barriles diarios, lo que significa un 28% menos respecto de diciembre de 2017 y enero de 2018, redacta el diario estadounidense, según datos de la firma de investigación ClipperData. Sin embargo, el Presidente desmintió las investigaciones de TWSJ el 12 de enero de 2019 al ser cuestionado por El Universal, al afirmar que México sigue importando 600 mil barriles diarios de gasolina al extranjero.

Estos datos nos demuestran que en los últimos años México es prácticamente dependiente de las importaciones de hidrocarburos extranjeros, por lo que el plan “anti-huachicol” implementado por el Gobierno Federal también repercutió directamente en la importación internacional de combustibles, pues en los últimos días se habló y se documentó en diversos medios sobre el anclaje en puertos del país de por lo menos 65 buques de combustible sin poder descargar. Lo cierto es que PEMEX no cuenta con la infraestructura adecuada para el almacenamiento de ese combustible en tanto se regulariza la distribución.

Por otra parte, Petróleos Mexicanos no informó datos de cuánto combustible se está comprando del extranjero, por lo que las investigaciones de The Wall Street Journal respecto a la baja de compra son las que apuntan a la seriedad del asunto, toda vez que alrededor de 8 de cada 10 litros de gasolina que se consume en el país son importados.

Son muchos los cuestionamientos que diariamente se le presentan al Presidente de México a partir del 27 de diciembre de 2018 cuando informó a los medios de comunicación que se implementarían los mecanismos necesarios para acabar con el robo de hidrocarburos a PEMEX, pues se ha tratado de medidas que se han convertido en una problemática para los ciudadanos de por lo menos 10 estados de la República como Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, Jalisco, Puebla, Querétaro, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca y la propia Ciudad de México, ante el grave desabastecimiento de combustibles en terminales y gasolineras.

Por ello, caben las siguientes preguntas: ¿La decisión de cerrar los ductos que transportan el combustible a las terminales de abastecimiento y resguardo fue precipitada? ¿Han sido las medidas, la logística y planeación adecuadas ante una escasez visible de hidrocarburos en el país?

Cualquiera podría pensar que se ha tratado de medidas poco aceptadas y hasta impopulares, pero diversas encuestas como las publicadas en días recientes por el periódico El Financiero demuestran lo contrario.

Tal percepción ciudadana e índices de apoyo ciudadano a este plan, le han permitido cierto margen de maniobra bajo el argumento central de que las pérdidas derivadas del robo de combustibles ascendieron hasta los 70,000 millones de pesos cada año. No obstante, es probable que dicho plan esté supeditado a su temporalidad y al impacto que día con día está teniendo en la productividad y economía de los estados más afectados.

Según datos de Petróleos Mexicanos los registros de tomas clandestinas son los siguientes:

Sin duda, el discurso del combate a la corrupción es muy efectivo y se fortalece al tomar las medidas necesarias para combatirla, sin embargo, al plan de combate el robo de combustibles en México por parte del Gobierno Federal le hace falta restablecer o normalizar el abasto y distribución de combustibles a la brevedad y, sobre todo, dar conocer a los responsables de los daños perpetrados a la empresa y que permitieron llevarla a una crisis financiera a escala internacional, pues se trata, ni más ni menos de PEMEX, motor de las finanzas y la economía de nuestro país desde su creación en 1938.

La difícil tarea de entender a Andrés Manuel (Primera parte)

Por: Juan Carlos Villarreal Martínez

Mucho se ha dicho sobre Andrés Manuel y quizá todo esté aun por escribirse. Para sus malquerientes, que los hay y muchos, se anuncia desde hace semanas que su gobierno es un gobierno autócrata, se dice desde el inicio de su administración que es poco tolerante a la crítica y que acusa rasgos de populismo.

Sí, todos esos rasgos parecen ser distintivos tanto de su carrera anterior como de los escasos días que lleva en el gobierno. En el otro extremo, hay legiones de corifeos que repiten sin parar lo que el líder dice, hay quienes se contradicen incluso cuando AMLO recula o cambia de opinión, son voces acríticas y aquí está el primer gran dilema: priva un análisis binario de blanco y negro, de amigo-enemigo y en el rejuego se polarizan los conceptos.

Pero quizá lo más relevante, desde mi óptica, no sea lo que está sucediendo en términos de comunicación política, sino la falta de herramientas propias y conceptos para identificar las características de este actor político.

Comenzaremos por decir lo que no es. AMLO no es un hombre prudente, así lo dictan sus años al frente de la política y su conducta con frecuencia intolerante, y yo diría provocadora. Y justo porque es un provocador nato, porque es un polemista consumado, ha utilizado las “conferencias mañaneras” (las mismas que utilizó cuando era Jefe de Gobierno), pero ahora para contestar prácticamente en tiempo real las críticas hacia él y hacia su gobierno; y en esto muchos se confunden y lo tratan de equiparar a lo que hizo Maduro en Venezuela, a lo que hizo Correa en Ecuador y a lo que han hecho otros actores de corte populista.

Sin embargo, valdría la pena cuestionarse las diferencias. Andrés Manuel no ha roto con el sistema, no ha violentado el orden constitucional como lo hicieron aquellos y aún es temprano para descalificarlo. ¿Se trata entonces de un líder popular que juega en la cancha conceptual del neoliberalismo? ¿Su gobierno será exitoso en la política social sin tocar los grandes intereses que mueven a los medios y a sus opinadores (y a los cuales les aumentó el presupuesto en comunicación social)? o ¿Estamos frente a una errada estrategia de subir al Presidente a todos los rings del debate público en la sobreexposición a la que se enfrenta cotidianamente?

Me parece que es prematuro, en consecuencia, advertir que esta conducta sea propicia de un líder autócrata. No es (aún y quizá no lo sea nunca) un líder populista. Más adelante me referiré a los elementos clave de este concepto para señalar si es o no, por el momento, un líder que se inscriba en esa categoría.

Lo que sí es AMLO, y me parece un tema importante a discutir, es que se trata de un político popular que está echando mano de esa popularidad para sentar las bases de lo que será su gobierno en los próximos seis años, toda vez que parte de supuestos estadísticos inobjetables, cuando el 70% de la población gana menos de 15 mil pesos al mes, sabiendo de antemano que esa es su principal base de apoyo. Por ello, en la medida en que las acciones de su gobierno se conduzcan a este segmento social, las críticas minoritarias importantes que guían la comunicación política podrán ser muy relevantes para los que estamos acostumbrados al anterior régimen, pero son absolutamente irrelevantes para quienes pretendidamente serán los beneficiarios de sus políticas de gobierno.

Así lo demuestran todos los días las miles de defensas que se hacen en redes sociales a su favor -fanatismo le llaman algunos-, y puede haber algunos rasgos de ello, pero me parece que no, que las raíces son más profundas y tienen que ver con la legitimidad del mandato, pero sobre todo, con la representación social que tiene Andrés Manuel. Y ésta, me parece, es la primera característica que se tiene que analizar con mayor detenimiento: ¿Se trata o no de un gobierno popular? ¿Se trata o no de un gobierno populista? Se trata de una diferencia muy relevante para tratar de comprender las características del inicio de este mandato.

En estas mismas páginas hemos reseñado un par de textos clave para intentar comprender de mejor forma este fenómeno: “¿Qué es el populismo?” de Jan-Werner Müller y “Populismos” de Fernando Vallespín y Mariam Martínez Bascuñán.

Parece que el mundo moderno –anota Jan-Werner– se encuentra plagado de políticos populistas o, en su defecto, cargan con dicha etiqueta: Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, Recep Tayyip Erdoğan en Turquía, Viktor Orbán en Hungría, Heinz-Christian Strache en Austria,Pablo Iglesias en España, Hugo Chávez en Venezuela, son algunos ejemplos de políticos populistas que han cobrado relevancia en tiempos recientes. De hecho, en el mismo texto se ocupa incipientemente de Andrés Manuel y su comportamiento en 2006 y 2012.

“… los populistas viven una suerte de mundo político de fantasía: se imaginan una oposición entre las elites corruptas y un pueblo puro y homogéneo que no puede hacer daño…buscan moralizar el conflicto político lo más posible…nunca faltan los enemigos, y éstos nunca son nada menos que enemigos del pueblo en su conjunto”, resalta Müller (2017).

Quizá por ello algunos políticos perciben su papel más allá de la representación política y se conciben como “motivadores” permanentes, como lo hizo Correa en Ecuador.

Es temprano para afirmar que Andrés Manuel sea un líder populista, aunque posee rasgos distintivos en sus discursos cotidianos y no logra salir del modelo de campaña permanente, en el que disfruta su rol de predicador ante los medios sedientos de notas.

Por su parte, Vallespín y Bascuñán en su obra “Populismos” señalan esquemáticamente  y en forma de decálogo la descripción de diez características cuando se habla de populismo, herramientas conceptuales cuyos rasgos específicos permiten hacer visible este fenómeno.

El populismo no es en realidad una ideología política; se trata más bien de una “lógica de acción política”… en términos generales, responden a procesos de brusco cambio social modernización, industrialización, aparición de la sociedad de masas globalización y migraciones frente a los que se reacciona invocando la necesidad perentoria de revertir la situación creada por dichas transformaciones, una de cuyas consecuencias principales es la ”pérdida de la comunidad” y la distorsión del sistema de mediaciones políticas… Dicha reacción se expresa mediante una descripción con tintes dramáticos del momento en el que nos encontramos.

“El éxito actual del populismo sería incomprensible si no atendemos a la reconstrucción del espacio público que se ha producido en las últimas décadas”, apuntan Vallespín y Bascuñán (2017). Aquí las nuevas tecnologías son decisivas, el advenimiento de los medios de comunicación digitales son una referencia para las nuevas generaciones dejando de lado los medios tradicionales como la televisión y la radio.

Vallespín y Bascuñán (2017) analizan ese espectro que está presente en las democracias contemporáneas, en el que el populismo recoge la impotencia de la política y la arrogancia tecnocrática de las élites; por ello la democracia liberal ha dejado de ser el único modelo que se creía perduraría por un largo tiempo a partir de la postguerra, ya que el populismo tiende a buscar polarización mayoritariamente haciendo uso de emociones y de un discurso simplificador, en el que una parte antagonista será la culpable de los males perpetrados, ellos/nosotros, pueblo/elites.

Nuestro país sólo ha conocido gobiernos de corte tecnocrático, al menos desde 1982 a la fecha, por lo que las bases de apoyo que logró AMLO en 2018 no tienen elementos comparativos más allá de las obras publicadas y de las cuales hemos hecho reseñas en este espacio y que del todo no se ajustan al caso mexicano por el momento, de tal suerte que son un llamado de atención y pueden alertar acciones de futuro, pero no son aplicables aún al caso mexicano.

Luego entonces, habría que plantear como hipótesis, que estamos frente a un liderazgo popular que descansa en el viejo nacionalismo revolucionario y que puede ser muy exitoso en lo político si al menos cubre, como de hecho ya lo está haciendo, con los temas relacionados con la austeridad, la moral pública o ética en el servicio público, acompañados de una fuerte inversión al gasto social de apoyo a los grupos más vulnerables del país que devuelvan la esperanza a la gente.

Un gobierno popular del corte de Lázaro Cárdenas del Río suena muy romántico, porque se presentaron coyunturas especiales, pero justo esa coyuntura está a la vuelta de la esquina, de cómo la resuelva y comunique AMLO, dependerá en buena medida su futuro pare las próximas elecciones locales de este año, siendo ese el primer termómetro político de su administración.

Al momento de cerrar este artículo, se discutía en la Cámara de Diputados el tema de la Guardia Nacional y en la calle el malestar por el desabasto de gasolina seguía creciendo. Ambos temas vivirán momentos cruciales a fínales de enero y volveré a ellos en el próximo número de la revista, mientras tanto, resulta pertinente recapitular en las interpretaciones conceptuales que le dan origen a la pregunta de fondo: ¿Este gobierno será populista o popular?

De acuerdo con la encuesta publicada el 30 de noviembre de 2018 por GRUPO REFORMA en: “Análisis, Gobierno y Política”, AMLO comenzó su sexenio con un alto porcentaje de aceptación. El estudio revela que el Ejecutivo federal mantiene un alto respaldo entre la sociedad, así como un alto porcentaje de aprobación ante las recientes decisiones que ha tomado para conducir al país, como la Guardia Nacional, el uso de consultas populares y las medidas para combatir la corrupción.

En el mismo estudio se les pidió a los encuestados describir al mandatario y la mayoría de ellos lo consideran como un político sincero, democrático, conservador y tradicional. Duchos datos expresan que un gran porcentaje de los mexicanos se encuentra esperanzado y respalda el gobierno de López Obrador, por lo tanto re enmarco la hipótesis principal de este artículo, ¿gobierno popular o populista?

Se presentan imágenes con los datos de dicha encuesta.

También el 55% de los mexicanos encuestados perciben a AMLO cómo aquel “adecuado” para fortalecer el estado democrático del país, principalmente a través del ajuste institucional, pero también un porcentaje similar piensa que el actual Presidente buscará reelegirse.

En cuanto a sus atributos, la gente lo percibe mayoritariamente como conciliador, tradicional, honesto y sincero. Y aunque en espectro democrático-autoritario y conservador-liberal los porcentajes se equilibran más, en donde se observa una paridad importante es en los atributos de demócrata y populista, toda vez que 4 de cada 10 lo perciben como populista.

Algo similar se observa en términos de expectativas, en donde destaca la mejora en la economía como el primer tema en el que dará resultados AMLO, siendo su principal prioridad el combate a la inseguridad, destacando la exigencia social del combate a la corrupción.

Finalmente, en términos de intención de voto por partido, ante la pregunta de si hoy hubiera elecciones para Diputado Federal, ¿Por cuál partido votaría?, continúa siendo radical el amplio margen de apoyo que conserva Morena por sobre las demás fuerzas políticas, pues prácticamente 5 de cada 10 personas le refrendarían su voto.

Será en la próxima entrega de la Revista Mexiquenses cuando presente la segunda parte de éstas y otras reflexiones.

De corrupción y otros demonios

por: Juan Carlos Muciño González

Algunas de las causas del agotamiento del “entusiasmo democrático” están posiblemente vinculadas con el futuro poco prometedor que algunos segmentos de la sociedad dan a la democracia como forma de gobierno, dada la desintegración del orden civil, la ruptura de la disciplina social, la debilidad del liderazgo político y la alienación de los ciudadanos.

Sin embargo, otro factor fuertemente ligado a la desafección política y, sobre todo, a la indignación ciudadana, además de la economía y de la inseguridad pública es en este momento la corrupción.

Con base en los resultados de Latinobarómetro 2018, que es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20 mil entrevistas en 18 países de América Latina, representando a más de 600 millones de habitantes (www.latinobarometro.org), el descontento social registrado en varios países de la región tiene una correlación directamente proporcional con la desaceleración de las economías.

A excepción de Uruguay, Chile, Bolivia, Panamá y Ecuador, en donde las evaluaciones sobre las condiciones económicas son relativamente positivas, en el resto de los países latinoamericanos el sentido de malestar económico es igual o mayor a la satisfacción.

En Chile, 26% de la opinión pública califica en general la situación económica actual del país como muy buena o buena y sólo 16% como mala o muy mala. Le sigue Bolivia con 18% en ambos rubros, Uruguay, aunque tiene un puntaje mayor en las opiniones muy buenas o buenas, con 21%, supera esta cifra con un 32% en mala y muy mala, Panamá es el mismo caso, con 19% y 28%, Ecuador con 17% y 30% y Colombia con 10% que la califica como muy buena o buena y 17% como mala o muy mala.

En contraparte, los últimos sitios de esta calificación corresponden a Venezuela, en donde únicamente 1% de los encuestados consideran la situación económica del país como muy buena o buena y 83% como mala o muy mala. En Brasil 6% y 62%, respectivamente; Argentina con 8% y 62%, Nicaragua con 7% y 58% y México con 9% que la califica como muy buena o buena y 54% como mala o muy mala.

A pesar de estas cifras en donde México ocupa el lugar 13 de 17, prácticamente 1 de cada 2 encuestados evalúa a la economía como mala o muy mala, según Latinobarómetro, la percepción de que la economía es el principal problema del país ha venido disminuyendo relativa y gradualmente en los últimos años en la región, toda vez que, en 2009, 44% de los latinoamericanos consideraba a la situación económica como uno de sus mayores problemas, mientras que en 2018 esa cifra descendió a 35%.

El otro factor es el vinculado con la seguridad, en el que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, elaborada por el INEGI, indica que ha crecido la percepción de inseguridad al pasar de 72.3% en 2013 al 79.4% en 2018.

No obstante, este escenario de percepciones sobre la importancia que se da a la economía o incluso a la seguridad pública, la indignación ciudadana con sus gobiernos parece estar más vinculada en esta coyuntura a la corrupción.

Retomando de nuevo los datos más recientes de Latinobarómetro, en promedio, 6 de cada 10 latinoamericanos considera que sus respectivos gobiernos no son transparentes.

Ante la pregunta de ¿cuánta transparencia cree usted que hay en el gobierno? Aunque no hay registro en la encuesta de Latinobarómetro 2018, en los resultados de 2015 Uruguay encabeza las percepciones positivas al respecto, pues 61% de los encuestados señala mucha o algo y 35% poca o nada. En segundo lugar se encuentra Ecuador, con 59% y 39% respectivamente; República Dominicana con 56% y 42%, Bolivia con 47% y 47% y Chile con 44% que opina que hay mucha o algo transparencia en el gobierno y 35% poca o nada.

La otra cara de la moneda es México con sólo 26% de opiniones que señalan que hay mucha o algo de transparencia en el gobierno y 72% que indican poca o nada. Es decir, para 7 de cada 10 mexicanos la opacidad y la corrupción serían una característica de su gobierno. En ese orden le sigue Guatemala con 24% y 67%, respectivamente; Perú con 24% y 72%, Colombia con 24% y 74% y, en último lugar, Brasil con 16% que opina que hay mucha o algo de transparencia en el gobierno y 78% poca o nada.

En suma, el impacto de las percepciones de corrupción parecen ser más fuertes que el impacto de la situación económica y quizás que la propia inseguridad pública, pues siguiendo a Latinobarómetro, quienes consideran a los gobiernos transparentes los aprueban en un 84%, mientras que quienes manifiestan satisfacción con la economía aprueban al gobierno en un 75%. Caso contrario, las opiniones que señalan a los gobiernos como no transparentes, las desaprueban en un 76%, al igual que quienes expresan malestar económico.

Todo parece indicar que la corrupción puede ser la variable que explique mejor que la economía y la inseguridad pública, la indignación ciudadana, la desconfianza y la desafección política existente, al impactar directamente en los niveles de desaprobación de la gestión del gobierno e impopularidad presidencial.

En este renglón, el año pasado México se ubicó en el lugar 14 de 18, toda vez que únicamente 35% de las opiniones aprobaban la gestión del gobierno que encabezaba el Presidente Peña Nieto, mientras que 61% la desaprobaba. El primer sitio de aprobación lo ocupa República Dominicana con 82% y el último Perú con 24%.

Corrupción y competitividad

Si la corrupción no es un factor determinante para generar desafección, sí lo es ya para colocar al país en los últimos lugares en el Índice Global de Competitividad 2017-2018, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), el cual evalúa el panorama de competitividad de 144 economías a partir de su productividad y la prosperidad generada (imco.org.mx).

El índice analiza diversas variables de competitividad entre las que destacan instituciones, infraestructura, salud y educación, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, innovación y sofisticación de negocios. Resultado de ello, los países que encabezan la edición 2017-2018 del índice son Suiza, con la primera posición, seguido por Estados Unidos, Singapur, Países Bajos y Alemania. Mientras que México subió diez posiciones en el ranking al pasar de la posición la 61 en 2015, a la 51 en 2018.

No obstante, un estudio que presenta el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., denominado Índice de Competitividad Internacional 2015. La corrupción en México: Transamos y no avanzamos, se señala que “un país competitivo es aquel que resulta consistentemente atractivo para el talento y la inversión y detona oportunidades de desarrollo y prosperidad para todos sus habitantes”, y México sólo avanzó una posición del lugar 37 al 36 de un total de 43 países analizados ese año.

Con base en los resultados de este Índice, en nuestro país persisten importantes rezagos sobre todo en materia de Estado de Derecho (al ocupar el lugar 40 de 43) y al ser la posición 37 de 43 como sociedad incluyente, preparada y sana.

Sin embargo, México se ubica casi al fondo de este índice al posicionarse en el lugar 40 de 43 en materia de Sistema de derecho confiable y objetivo, solo por arriba de Colombia, Nigeria y Guatemala, por lo que la consolidación del Estado de Derecho y el combate a la corrupción son dos misiones fundamentales para detonar la competitividad del país.

Es importante señalar que dicho índice evalúa y compara la capacidad de las economías más importantes y avanzadas del mundo para atraer y retener talento e inversión, pero para ello los países deben crear condiciones integrales que permitan a las personas y empresas maximizar su potencial productivo, así como incrementar de forma sostenida su nivel de bienestar, pero con una corrupción a la alza y un déficit del Estado de Derecho, dicha misión luce compleja.

Según el reporte de 2015, la competitividad global cayó debido principalmente a: mayores costos de la delincuencia y menor protección a la propiedad, a una menor estabilidad política, menor libertad de prensa, libertades civiles y menor estabilidad política.

Los datos que presenta el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 2017 (Fuente: imco.org.mx), indican que Noruega, Suiza, Suecia, Irlanda, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Japón, Australia, Reino Unido y Alemania fueron los diez países con calificaciones más altas en competitividad. En conjunto, su PIB per cápita equivale a $61,068 dólares, tienen una inversión promedio de $25,045 dólares por trabajador y, en promedio, el 35% de su población económicamente activa (PEA) cuenta con educación superior.

Mientras que Nigeria, India, Guatemala, Indonesia, Sudáfrica, Argentina, Rusia, México, Turquía y Colombia son los diez países menos competitivos de acuerdo con los resultados del índice. Su PIB per cápita promedio es de apenas $7,233 dólares, la inversión por trabajador es de $3,312 dólares y sólo el 18% de su PEA cuenta con educación superior.

Las principales razones que explican la caída de la competitividad en México, señala el reporte del IMCO, son la debilidad que han demostrado las instituciones, el creciente contexto de inseguridad, la corrupción, la precaria situación de libertad de prensa, el deterioro de las finanzas públicas y las pérdidas en la efectividad del Gobierno.

Sin embargo, sobresale la variable del Derecho por los crecientes costos de la delincuencia, mayores homicidios dolosos, así como mejoras insuficientes en la protección a acreedores, bajos índices de confianza en la policía y combate a la piratería. Para ello, el IMCO propone en esta última variable fortalecer un Sistema de Derecho confiable y objetivo, que pase por el robustecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por la profesionalización de las policías estatales y por asociar la clave única de identidad con datos biométricos.

En suma, una de las principales conclusiones del reporte para el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. es que cuando la autoridad, las empresas y los ciudadanos respetan las leyes, se forja un ecosistema de certidumbre que es fundamental para invertir y crear prosperidad.

Corrupción y percepción

El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional es un estudio que mide las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en el sector público en 180 países.

Este índice se compone de una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción que realizan 11 instituciones a nivel mundial y los resultados de este estudio hacen ver el enorme problema que es la corrupción en todas las economías y sistemas políticos, enfatizando en la necesidad de los países de actuar de forma coordinada para detener este fenómeno que afecta seriamente la imagen, la percepción y, sobre todo, la confianza de sus gobiernos.

Según los resultados del Índice del año 2017, más de dos tercios de los 175 países incluidos en el estudio obtuvieron una puntuación inferior a 50 en una escala de 0 a 100, en la que entre más cerca estén los países de la calificación superior (100), son menos corruptos y más cercanos a la calificación inferior (0), son más corruptos.

En dicha edición del Índice de Percepción de la Corrupción los países ubicados al fondo del listado son Siria, Sudán del Sur y Somalia, con puntuaciones inferiores a 15 puntos.

Nueva Zelanda se situó en la primera posición con una puntuación de 89. Le siguieron Dinamarca (88), Finlandia (85), Noruega (85) y Suiza (85).

México descendió estrepitosamente pasando del lugar 103 en 2014, al 135 de los 180 países evaluados (es decir, se encuentra reprobado), con apenas 29 puntos, y destaca por contar con la peor calificación de los 34 países que forman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

En cuanto a América Latina, lamentablemente nuestro país se mantiene en los últimos lugares. De esta región, Uruguay y Chile están a la cabeza, con 70 y 67 puntos respectivamente, Brasil tiene 37 puntos (8 más que México), Paraguay comparte la misma posición que México, Ecuador en el puesto 117, Argentina en el 85, mientras que la última posición se la lleva Venezuela con 18 puntos (11 menos que México) y ocupa el puesto número 169 del índice.

Lo preocupante de las últimas mediciones es que no han presentado variaciones sustanciales.

De acuerdo con Transparencia Mexicana, responsable de la organización para la realización de las mediciones en México, “sólo un cambio de tajo en la estrategia anticorrupción permitirá que México abandone la posición de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década, pues se mantiene por detrás de las economías más consolidadas y de sus principales competidores económicos”. Además, subrayó que México se mantiene en el último puesto entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): “entre las 34 economías que integran la OCDE, México volvió a ubicarse en el último lugar (34/34) y le separan 86 y 79 lugares de sus principales socios económicos –Canadá y Estados Unidos– respectivamente”, señaló la asociación en su página web.

Con base en estos datos, la escala del problema es enorme, pues alrededor del 70% de los países en medición tiene un serio problema de corrupción.

Para el caso mexicano, el organismo ha señalado que que el país necesita robustecer de manera urgente su Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, que abarque a estados y municipios, donde la corrupción es rampante y el crimen organizado infiltra a la policía y controla a los alcaldes.

Transparencia Internacional ha venido sugiriendo toda una serie de acciones prioritarias para generar cambios significativos en la región, destacando poner un alto a la impunidad ante casos de corrupción, dejando de politizar y permitir los sobornos en instituciones policiales y de impartición de justicia. Además, ha propuesto crear mecanismos que protejan y permitan a las personas alzar la voz y actuar contra la corrupción, con la finalidad de poder recobrar la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, lo cual también es clave para disminuir la inseguridad en la región.

Por otra parte, plantea la posibilidad de abrir al escrutinio público el financiamiento de la política, para que se sepa quién financia y por qué montos a qué candidatos y partidos políticos. Medida que además ayudaría a dificultar la entrada de dinero del crimen organizado en la política e instituciones del Estado; abordar el problema de la desigualdad incorporando la transparencia como elemento central en las inversiones sociales, de manera que los apoyos a los más pobres se distribuyan donde son necesarios y no con criterios políticos. Así como crear registros públicos de quienes son los dueños de las empresas, para prevenir que los corruptos se escondan detrás de empresas secretas, laven dinero y huyan con sus ganancias ilegales.

El Sistema Nacional Anticorrupción en México tiene ante sí una sola prueba de fuego: revertir décadas de una realidad y de una percepción negativa que, como hemos visto con estos índices, se ha quedado estancada y únicamente podrá pasar por el tamiz de la opinión pública para ser revertida o ratificada.